Organizaciones migrantes evalúan impugnar reforma migratoria ante organismos internacionales

Luego de que un grupo de parlamentarios de oposición recurriera al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la Ley de Extranjería y Migraciones del Gobierno, la corte admitió en parte la petición, lo que fue valorado por organizaciones migrantes. No obstante, estas adelantaron la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para revisar el proyecto.

Seis de los 14 artículos impugnados de la iniciativa legislativa, que ya lleva ocho años tramitándose, fueron declarados inconstitucionales por el tribunal. Pese a esto, el Gobierno saca un saldo positivo en términos generales.

En esa línea, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, consideró que  el fallo reafirma que »el Estado soberano de Chile tiene derecho a establecer condiciones y a controlar el ingreso de extranjeros que vengan a buscar oportunidades a nuestro país».

Por otro lado, el diputado comunista Boris Barrera, uno de los parlamentarios que presentaron el requerimiento al TC, interpretó esta decisión de la corte como algo que logra »demostrar que lo que veníamos denunciando, que había una serie de vulneración de derechos en relación a la migración, era correcto».

Las organizaciones migrantes mantienen una postura crítica ante la reforma impulsada. El asesor legal de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, aseguró que hay derechos fundamentales que »este proyecto de ley definitivamente violenta», por lo que adelantó que »estamos analizando el tema y no descartamos denunciar la violación de estos derechos ante la comunidad internacional».

Con ese punto concordó el secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, que además condenó la postura del Gobierno, el que, considera, ha empleado »frases comunicacionales que lo único que hacen es generar y reforzar estereotipos anti migrantes».

Dos de las normas revocadas por la corte, que eran parte importante de la discusión, fueron los artículos que fijaban en 72 horas el plazo máximo de privación de libertad de personas expulsadas del país y que regulaban el retorno de menores de edad no acompañados a sus países de origen.

De esta manera, el Gobierno espera conocer en profundidad el fallo del TC para así  poder avanzar en la promulgación de este proyecto de ley.