18 de febrero 2026

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El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, salió a defender su actuar luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago desestimara la solicitud de desafuero presentada en su contra por la Fiscalía de Antofagasta en el contexto del caso ProCultura.

En un punto de prensa realizado este miércoles, la autoridad regional recalcó el carácter categórico de la resolución judicial. “La justicia habló y lo hizo de manera clara y contundente. Soy inocente de las imputaciones falsas que se me han formulado”, afirmó.

La decisión del tribunal —adoptada por unanimidad— frena, al menos por ahora, la posibilidad de que el Ministerio Público formalice al gobernador por el convenio suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y la fundación ProCultura. Dicho acuerdo contempló más de $1.600 millones para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”.

Defensa del programa “Quédate”

Orrego respaldó la implementación de la iniciativa, señalando que se ajustó plenamente a la normativa vigente y que tuvo efectos concretos en la población. Según explicó, el plan benefició a más de 15 mil personas y se desarrolló en coordinación con entidades como el Hospital Félix Bulnes, el Hospital del Salvador y la Universidad de Chile.

“El programa no solamente existió, sino que además fue diseñado, aprobado y ejecutado con estricto apego a las normas legales vigentes”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó el trabajo investigativo de la Fiscalía de Antofagasta, indicando que la acusación en su contra se sustentó en “gravísimos errores de hecho y de derecho” y criticó que se intentara asociarlo a eventuales delitos.

En ese contexto, manifestó su expectativa de que la Fiscalía Nacional evalúe el desempeño del equipo persecutor, subrayando que este fallo se suma a otras resoluciones desfavorables para esa fiscalía en la misma causa.

Recursos y pólizas en la mira

El gobernador planteó que el foco debe trasladarse ahora al esclarecimiento del destino de los fondos observados y a la recuperación de los recursos comprometidos. Indicó que el Gobierno Regional seguirá coordinándose con el Consejo de Defensa del Estado para exigir el cobro de las pólizas de seguro vinculadas al convenio.

“Esperamos que la Fiscalía investigue dónde y qué pasó con los mil millones de pesos que la Fundación ProCultura se apropió indebidamente de un programa de salud mental”, afirmó.

También sostuvo que la aseguradora correspondiente deberá responder por la totalidad de las pólizas comprometidas, lo que —a su juicio— permitirá acreditar que el Gobierno Regional actuó conforme a la ley y resguardando adecuadamente los fondos públicos.

Continuidad en el cargo

Finalmente, Orrego interpretó la resolución judicial como una reivindicación tanto personal como institucional y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones con normalidad.

“Ninguna acusación falsa, ninguna acusación injuriosa nos va a apartar del mandato de la gente”, afirmó, añadiendo que mantendrá su labor con “transparencia y espíritu de servicio público” en favor de los habitantes de la Región Metropolitana.

En tanto, el caso ProCultura sigue bajo investigación, con el foco puesto en el uso de los recursos transferidos a la fundación y en las eventuales responsabilidades derivadas de su ejecución.