Parlamentarios piden renuncia de superintendenta de Casinos y aclaración del Gobierno por el caso Enjoy

La Comisión Especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, investigadora sobre los actos de la Superintendencia de Casinos y del grupo Enjoy S.A., comprobó, a principio de mes, que el organismo fiscalizador “en vez de resguardar el interés público en la fiscalización de casinos Enjoy, adoptó numerosas medidas para favorecerlo”, acusó el presidente de la instancia, el PPD Rodrigo González.

Por esto, los diputados de todos los sectores le pidieron al Gobierno que remueva de su cargo a la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán. Sin embargo, la polémica con Enjoy no termina ahí, y en este caso, salpica al propio Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Según explicó en su cuenta de Twitter la periodista Alejandra Matus, el mandatario tiene conflictos de interés en «la licitación y extensión de permisos para extender las obras de casinos licitados a Enjoy S.A.»

El pasado 28 de enero, el mandatario firmó el Decreto 77, que otorgó más plazo a dicha empresa para cumplir con sus obligaciones por una adjudicación de cuatro casinos municipales en 2018. En concreto, la sociedad debía, el 30 de enero, responder por boletas de más de 100 millones de dólares que había entregado a la Superintendencia de Casinos.

[irp posts=»15891″ name=»Gobierno autoriza funcionamiento de casinos desde fase 2″]

De acuerdo a la investigación, con la firma del documento, Piñera salvó a Enjoy de la pérdida de estas concesiones y de su inminente quiebra. De acuerdo al reporte de la Comisión Investigadora, la empresa acarrea problemas financieros desde 2017, es decir, previo a las adjudicaciones de dichos casinos.

De esta manera, y según la investigación de Matus, la quiebra de Enjoy afectaría al Presidente y sus intereses económicos, ya que dos de las empresas en las que Piñera tiene administrada su fortuna, BTG Pactual y Moneda Asset, están comprometidas, ya sea por boletas de garantía o como avales, de la deuda de Enjoy.

Consultados sobre esta situación, llamada como Enjoy Gate, los diputados integrantes de la instancia se limitaron a señalaran que el Gobierno debe aclarar la situación.