Pasó de pagar cerca de $10 mil a $1 millón en un mes: Vecina de Melipilla presenta recurso de protección tras millonario aumento en cuenta de la luz

Son miles de chilenos que han sido afectados por los ilegales sobre cobros en las cuentas de la luz que quedaron al descubierto tras un informe de la Comisión Nacional de Energía y lo informado por Transelec. Sin embargo, uno de los casos más graves se registró en Melipilla, donde una vecina denunció que sus boletas mostraban “cobros fluctuantes” y expuso que “en un mes bordea los $10.000, en otro supera los $50.000 y en agosto asciende insólitamente a más de un millón de pesos”. Por esta situación, y ante una serie de reclamos que no han sido atendidos por CGE ni la SEC, la afectada presentó un recurso de protección buscando “que se ordene refacturar y restituir los montos indebidamente cobrados”.

Según relata en el documento presentado ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, la afectada, Marcela Torres, acusó a CGE, empresa concesionaria de distribución eléctrica en la comuna de Melipilla, de haber “incurrido en omisiones sistemáticas consistentes en no revisar ni calibrar oportunamente los medidores domiciliarios”.

“En muchos casos, y en mi caso personal, se me han emitido facturas basadas en estimaciones, sin verificación técnica ni lectura presencial, lo que contraviene las obligaciones establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos y las normas técnicas de calidad dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)”, agregó.

Asimismo, detalló que “soy una mujer trabajadora, que vivo junto a mi nieta adolescente de 14 años, ambas en el mismo hogar, y cuyo consumo eléctrico doméstico es extremadamente básico. No cuento con lavadora automática, y los artefactos eléctricos que poseo se reducen a una televisión, un microondas y algunos electrodomésticos menores, junto con no más de cinco ampolletas en toda la vivienda. Siempre ha debido cuidar minuciosamente el  nivel de consumo, justamente por mis limitadas posibilidades económicas, evitando cualquier uso innecesario que implique aumentos tarifarios que no pueda solventar”.

Sin embargo, expuso que “la situación ha sido tan grave y desproporcionada que incluso solicité un crédito para poder pagar estas cuentas con el fin de evitar el corte de un servicio esencial, lo que demuestra la afectación económica directa. Paso la mayor parte del día fuera de mi domicilio, mientras mi nieta se encuentra estudiando, por lo cual el consumo eléctrico real de la vivienda es bajo y estable”.

“Las boletas muestran cobros fluctuantes totalmente irrisorios e imposibles de explicar técnicamente: en un mes bordea los $10.000, en otro supera los $50.000 y en agosto asciende insólitamente a más de un millón de pesos, lo que es derechamente absurdo y contrario a toda lógica de facturación eléctrica razonable”, denunció.

Además, señaló que “a pesar de los reclamos interpuestos, CGE no ha realizado ninguna corrección efectiva, la SEC no se ha hecho cargo del caso, y esta falta de respuesta oportuna y eficaz agrava todavía más la vulneración de mis derechos fundamentales”.

Marcela también asegura que solicitó la revisión técnica del medidor, sin obtener respuesta concreta. A esto se suma la presentación de reclamos ante la CGE y la SEC, sin corrección ni devolución de los montos pagados en exceso, ni justificación. Por lo mismo, afirma que “los cobros no se sustentan en fundamentos técnicos razonables (…) La negativa de CGE a revisar los medidores o refacturar demuestra una actuación carente de racionalidad y proporcionalidad, configurando una arbitrariedad manifiesta”.

Considerando todo lo expuesto, la afectada interpuso el recurso de protección contra CGE, la CNE “por la actuación ilegal consistente en el aumento indiscriminado de las tarifas del  servicio de electricidad”.

En consecuencia, demanda que “se ordene refacturar y restituir los montos indebidamente cobrados, que se oficie SEC y a la CNE para fiscalización y corrección tarifaria”, junto con “oficiar a la SEC para fiscalización y sanción, y a la CNE para informar sobre las medidas de corrección tarifaria”.

Por último, también exige que “en atención a la verosimilitud del derecho y al peligro en la demora, por tratarse de un servicio básico esencial y un perjuicio patrimonial continuo, se decrete orden de no innovar, disponiendo la suspensión inmediata de todos los cobros cuestionados, cualquier gestión de corte de suministro y cualquier información a boletines comerciales por deuda derivada de estos cobros”.