El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue citado por el fiscal nacional, Pablo Sánchez, a declarar el próximo 13 de junio a las 10:00 horas (hora local) por un presunto caso de corrupción en los que también están involucrados otros representantes y legisladores del actual gobierno peruano: Castillo tiene la facilidad de decidir si comparece al despacho o declara desde el Palacio de Gobierno.
Todo lo anterior se da en el marco en que la Fiscalía investiga denuncias por irregularidades al seleccionar propuestas para la construcción del puente «Tarata» sobre el río Huallaga. Construcción que finalmente fue otorgada a un consorcio que asesora la empresaria Karelim López, a quien también investigan por presunta corrupción.
La investigación ha involucrado a 13 personas, mientras que la Fiscalía considera la existencia de una organización criminal al interior del gobierno, liderada por Pedro Castillo, acusado de presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Acusaciones que el jefe de Estado ha negado.
Los abogados del mandatario exigen la «nulidad absoluta» de la investigación. De lo contrario, expondrán una «tutela de derechos», pues consideran que tiene inmunidad absoluta mientras sea la máxima autoridad en Perú.
Este contexto provocó que integrantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales opositores marcharan durante el pasado sábado por el centro de Lima para exigir la salida de Castillo, acusándolo de «corrupto» y avivando aún más la crisis política que vive el país.
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