Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo en el país llegó al 11,2% en el trimestre marzo-mayo de 2020, con 1.474.752 puestos de trabajo menos que el mismo período de 2019.
En ese difícil contexto, las personas sobre 60 años o más son uno de los grupos más afectados laboralmente por la pandemia, según demuestra el último reporte del Observatorio del Envejecimiento para un Chile con futuro, proyecto de la Universidad Católica y Compañía de Seguros Confuturo.
De acuerdo con cálculos del reporte basados en los recientes datos de INE, de cada 100 empleos perdidos durante a pandemia en el país, aproximadamente 19 corresponden a puestos ocupados por personas mayores. De ese segmento etario senior, quienes tienen entre 60 y 64 años, es decir, el grupo próximo a jubilar, son los más afectados: entre marzo y mayo de 2020 hubo una disminución de 115.606 puestos de trabajo (-19,2%) en comparación a igual período del año pasado.
En el caso de las personas de 65 a 69 años, se registra una destrucción de 80.371 puestos de trabajo (-25,8%), mientras que para el grupo de 70 o más años, el número de empleos perdidos llega a 79.731 (-33,8%).
En consecuencia, 384 mil chilenos sobre 60 años que en 2019 estaban trabajando han ingresado al grupo de inactivos. “La pandemia ha llevado a un importante número de personas 60+ a dejar de trabajar”, apunta el reporte.
Al considerar la variación anual del empleo de las personas 60+, se observa una caída de -24,4% entre el trimestre marzo-mayo de 2020 respecto de igual período de 2019, bajando de 1.129.512 puestos de trabajo senior a 853.803.
En otras palabras, en el trimestre de la pandemia “existe aproximadamente un cuarto menos de ocupados seniors total de personas de 60 años o más que trabajan, el 12,2% declaró hacerlo en la calle o vía pública durante el trimestre marzo-mayo 2020, “lo que significa que existen aproximadamente 100 mil personas mayores exponiéndose a la pandemia para poder realizar su trabajo”, afirma el reporte.
“Algunos de los desafíos presentes apuntan a cómo las políticas públicas y las entidades público-privadas podrán generar incentivos y condiciones laborales adecuadas (tales como el fomento de capacitaciones continuas y la adaptación de lugares de trabajo) para mantener activa a una proporción creciente de personas mayores con el fin de permitir la inclusión de aquellos que requieren o desean extender su trayectoria laboral, o combinar su pensión con un ingreso laboral”, señala Ignacio Madero-Cabib, académico del Instituto de Sociología UC.
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