La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el sobreseimiento total y definitivo del ex presidente Sebastián Piñera en una querella por omisión de denuncia en presunta corrupción en el Ejército.
La Novena Sala del tribunal de alzada resolvió unánimemente revocar la resolución del juez Daniel Urrutia y sobreseyó al ex mandatario, lo cual había sido solicitado por el Ministerio Público en un libelo interpuesto en mayo del 2021 por el ex capitán del Ejército, Rafael Harvey, además de corrupción, por lo delitos de falsificación de instrumento público por firmar su retiro, en mayo del 2020, según consignó El Mercurio.
«En consecuencia, atendido que los hechos denunciados y que han sido materia de la presente indagatoria no tienen carácter de delito, la resolución apelada debe ser enmendada«, dictaron los jueces, y cuestionaron cuestionaron al juez Urrutia y su decisión de no sobreseer, señalando «que el análisis de la resolución impugnada por las defensas permite concluir que el tribunal de primer grado eludió analizar los diversos puntos puestos en su conocimiento mediante referencias vagas y carentes de sistema a cuerpos normativos en materia de corrupción».
Además, agregaron que «asilándose únicamente en continuas alusiones al estándar de convicción que lo solicitado impone y a la protección que el ordenamiento jurídico debe a los denunciantes de conductas presuntamente infractoras de los deberes de probidad», e indicaron que esto es «impertinente para los fines del presente proceso, afirmaciones que no permiten tener por satisfecho el deber de fundamentación de los decididos y que, además, priva de sustento a la decisión apelada».
En la querella, Harvey declara a que fue destituido y que hay «cuatro documentos falsos u oficios» en los que se decía que «no tenía conocimiento que existían denuncias o recursos administrativos judiciales pendientes por el citado oficial», lo que permitió su baja y que cuatro meses después fuera citado a declarar en calidad de denunciantes por hechos ocurridos entre los años 2015-2018 por la Policía de Investigaciones (PDI).
La denuncia también estaba dirigida a los ex ministros de Defensa Alberto Espina, Mario Desbordes y Baldo Prokurica, y al ex subsecretario de las Fuerzas Armadas, Alfonso Varas, como cómplices y encubridores.
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