El Ministerio Público invocó su facultad de decretar el secreto sobre el expediente de investigación que lleva adelante en el caso de la fundación Democracia Viva, esto luego de sospechar de un presunto lavado de activos.
Recordemos que el persecutor indaga los eventuales delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias en el caso de los tres convenios que sostuvo la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación representada por Daniel Andrade, ex RD y ex pareja de la diputada Catalina Pérez, suspendida de dicha colectividad.
El pasado 23 de junio, según consigna La Tercera, el fiscal Cristián Aguilar solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) informar de cualquier operación sospecha de quienes son investigados en este caso: Carlos Contreras, Daniel Andrade, Catalina Pérez, Tatiana Rojas y la misma fundación Democracia Viva.
Las sospechas de un lavado de activos llevaron a la Fiscalía a decretar la restricción máxima de acceso al la carpeta investigativa para las partes, la que se extenderá por seis meses (hasta febrero 2024) y que ya fue comunicada a los abogados.
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