Ex distribuidora de smartphones y otros productos de Samsung presentó una denuncia compliance en contra de los altos ejecutivos de la filial chilena del gigante tecnológico. Se trata de ARCH, empresa que además demandó a la compañía surcoreana ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Según señalan en los documentos ingresados en el sistema de probidad anticorrupción de la empresa coreana, Samsung Chile impuso una forma de operar en que las decisiones comerciales y las ganancias del distribuidor dependían netamente de la voluntad de la empresa coreana, y acusan que “de manera periódica, personal de Samsung hacía envío de ‘Casos de Negocio’, en los cuales forzaba a ARCH a modificar precios, alteraba los márgenes de ganancia. Ello en directa contravención contra cualquier noción básica de buena fe aplicable al derecho chileno”. Estos antecedentes fueron acompañados con correos en los que se demuestran las presiones para fijar precios. Agrega que además tenía contrato de exclusividad, por lo que sólo se dedicaba a la venta de artículos tecnológicos de la marca.
Lo anterior produjo un hoyo financiero en la compañía, lo que obligó a cerrar las tiendas que había abierto en distintas ciudades de Chile. Tras esto, Samsung Electronics Chile ltda. hizo petición de liquidación forzosa en contra ARCH, lo que aún no es resuelto por la justicia.
“Esperamos que el área de compliance de la compañía adopte las medidas pertinentes para que no se repitan situaciones abusivas contra otros proveedores y emprendedores en el futuro. Nos parece que una compañía global como Samsung debiese resguardar plenamente los principios de buenas prácticas y ética empresarial, entre lo cual se encuentra, naturalmente, el respeto irrestricto a la libre competencia y los compromisos que adquiere”, señaló Kristopher Brigham, socio de ARCH.
Denuncia Compliance
Una denuncia compliance es un canal de denuncia interna de las empresas para reportar violaciones a los códigos de conducta y ética, o incluso delitos dentro de la organización, y puede ser utilizado por empleados, proveedores o terceros. En Chile este tipo de canales están regulados según la ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la que establece sanciones para conductas corruptas entre privados.
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