Presentan dos querellas por polémica compra de ex clínica Sierra Bella: Una es de diputados republicanos

En el marco de la polémica compra de la ex clínica Sierra Bella por parte de la municipalidad de Santiago (que pactó en $8.200 millones la compra, muy por sobre los $1.940 millones del avalúo fiscal), el abogado Aldo Duque presentó una nueva querella y en lo próximos días se abriría una investigación penal.

Es por esto que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte podría comenzar una nueva investigación, luego de la presentación de dos querellas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto sobreprecio, según informó El Mercurio. La denuncia indica que el avalúo comercial del inmueble no debía superar los $3 mil millones, «siendo absolutamente inexplicable que la Municipalidad de Santiago, por acuerdo mayoritario de su Concejo, haya resuelto pagar más de $8.200 millones, es decir, una diferencia de más del 150% superior a su avalúo comercial», señaló Duque.

Fue el abogado Sergio Ramírez quien presentó la otra acción judicial, representando a los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, por un presunto fraude al fisco.

«Los hechos son extremadamente graves, atendido el enorme perjuicio causado al patrimonio municipal. La investigación deberá determinar quiénes no cumplieron con el deber de cautelar los intereses públicos y privilegiaron la ganancia de los particulares, y cuáles fueron los motivos para ello», enfatizó Rodríguez, en la querella que solicita que sean citados a declarar: la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; a Paola Melo Cea, concejala Comisión de Salud, y Felipe Andrés Sánchez Pérez, abogado, representante legal de Inmobiliaria San Valentino SpA (de la clínica Sierra Bella).

«Las referidas tasaciones son ideológicamente falsas, ya que no dan cuenta del valor comercial del inmueble y sus instalaciones. Todas ellas, adicionalmente, fueron realizadas de acuerdo a los antecedentes aportados por la propia vendedora y no por el comprador, no obstante que fueron encargadas y pagadas con fondos públicos», señala el oficio.