Presentan iniciativa para crear una registro nacional de repartidores

Tras el aumento de los delitos cometidos por los denominados «motochorros», fue presentado un proyecto de ley que considera la creación de un registro nacional de repartidores a través de un «Sello Delivery» junto con fortalecer la función fiscalizadora de los inspectores municipales, entre otros aspectos.

Luego de distintas reuniones sostenidas con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei y varios expertos en materia de seguridad, la diputada por la región del Maule, Paula Labra (RN), presentó este proyecto de ley que busca identificar a los verdaderos repartidores y separarlos de aquellos que se camuflan para delinquir.

«Aprovechando el impulso de los deliverys en pandemia, están suplantando a los repartidores para cometer delitos a plena luz del día. Se trata de bandas organizadas y que roban a los clientes en la puerta de sus casas, quienes confiados abren para recibir sus pedidos», asegura la diputada Labra.

La iniciativa obliga a las empresas y personas naturales a crear y mantener un registro único de repartidores al interior de las empresas de plataformas digitales de servicios; que contenga todos los documentos vigentes como: licencia de conducir, visa de trabajo, mantención del vehículo, «con el propósito de asegurar la fiscalización que establece la legislación chilena al momento de efectuar la conducción de un vehículo motorizado, así como también, brindar una mayor información a aquellas personas que efectúan el uso de estas», señala el proyecto.

Además, al modificar la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), se amplían las facultades fiscalizadoras vigentes en los municipios, agregando a este rol, todas las operaciones de fiscalización de las plataformas digitales de servicios que efectúen repartos a domicilio.

A través del registro, los inspectores municipales podrán realizar una eficiente fiscalización ante eventuales delitos conocidos como «motochorros», solicitando el registro correctamente inscrito.

Finalmente, la diputada Paula Labra, dijo que las sanciones y multas «serán altas» a las empresas que incumplan la normativa, -multas que serán asignadas a los municipios- pero, dijo, que hasta ahora, «mi percepción es que tanto empresas como trabajadores quieren colaborar con una buena fiscalización, ya que de ésta depende la tranquilidad de clientes, trabajadores y la propia estabilidad además de credibilidad de la marca proveedora del servicio».