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El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal y del colectivo Nuevo Trato, Pablo Vidal, presentó junto a un grupo transversal de diputados y diputadas de oposición agrupados en la “Bancada por la Condonación Universal”, el proyecto de Reforma Constitucional que permitiría a más de un millón de personas y sus familias dejar atrás un historial de deuda e intereses usureros provenientes de estos créditos.

“La necesidad de que el Estado se haga cargo de financiar el excesivo endeudamiento estudiantil en el contexto de la pandemia del COVID es un debate urgente y que permitirá aliviar a miles de deudores, además de inyectar vía condonación de deuda más liquidez a todas sus familias”, comentó el autor de la iniciativa, que cuenta además con el respaldo de Yasna Provoste (DC), Matías Walker (DC), Camila Vallejos (PC), Camila Rojas (Comunes), Leonardo Soto (PS), Andrea Parra (PPD) y Marcela Hernando (PR).

Para Juan Pablo Rojas, dirigente y fundador del grupo “deuda educativa”, que defiende a miles de deudores frente a los conocidos abusos del sistema, la iniciativa es parte de una lucha que viene por años dándose y que hoy encuentra una expresión en este proyecto: “Detrás de esta iniciativa hay años de abusos, de angustias, de personas que no han podido acceder a otros créditos, que han estado en Dicom, que sus casa peligran de ser rematadas y que jamás pueden salir el círculo de intereses creado en torno a estos créditos. En ese sentido, este proyecto trae justicia después de muchos años de abusos de la banca sobre las personas”, manifestó.

Uno de los casos más emblemáticos es el Crédito con Aval del Estado, que a diciembre de 2019 registraba a 559 mil estudiantes y una deuda que año a año crece y que en un contexto de pandemia, se ha vuelto derechamente inmanejable: “La morosidad total del sistema es de 44,5 % equivalente a 248.699 deudores, lo cual permite concluir que este crédito resulta ser un gasto más que una inversión para el Fisco”, informó Vidal, agregando que: “la enorme crisis que vive el país nos debe forzar a encontrar múltiples fórmulas que alivien a las familias en Chile y nos permitan una reconstrucción tanto económica como social”.

Para Vlado Mirosevic, diputado liberal y parte de la bancada por la condonación universal, el tema no sólo es de justicia básica, sino que además corrige problemas estructurales de nuestra sociedad: “Las 10 comunas que registran mayor tasa de morosidad en Santiago tienen 92% más de pobreza multidimensional. Es decir, a mayor morosidad, mayor pobreza y menores ingresos”, explicó.

Por otro lado, la necesidad de que el Estado se haga cargo del financiamiento del excesivo endeudamiento estudiantil en el contexto de la pandemia del COVID, es un debate vigente en otros países, añadieron sus impulsores, agrupados en la bancada por la “Condonación Universal”.

“Tenemos es el caso de Estados Unidos, país en el cual el actual Presidente, Joe Biden, en su campaña comprometió la cancelación de 10.000 dólares de deuda de préstamos estudiantiles federales por persona como respuesta a la crisis del Covid, y donde actualmente se debate si esta suma podría aumentarse a 50.000 dólares”, agregó Vidal, asegurando que en Chile “el Estado debe condonar la deuda estudiantil para que junto a la gratuidad se consagre el derecho a la educación en Chile”.

En cuanto al proyecto en sí, el texto presentado este martes pretende incorporar una disposición transitoria en nuestra Carta Fundamental que establezca que: “Mientras mantengan su vigencia la ley 18.591 en lo relativo al fondo solidario de crédito universitario; ley 19.287; ley 19.848; la ley 20.027; ley 20.572 y ley 20.634, y hasta que no entre en vigencia una nueva ley que establezca un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior administrado y financiado por el Estado, el Presidente de la República, dentro del plazo de 3 meses, contados desde la entrada en vigencia de esta reforma constitucional, deberá presentar un proyecto de ley ante alguna de las Cámaras del Congreso Nacional que establezca un mecanismo que extinga la totalidad de las deudas contraídas por los estudiantes para financiar su educación superior. Dicho mecanismo también será administrado y financiado por el Estado”.

Finalmente, el proyecto también incluye “la prohibición de la mantención de registros de deudores morosos de créditos de educación superior por parte de instituciones que otorguen créditos, y la atribución de potestades suficientes a algún órgano de la administración del Estado para fiscalizar efectivamente el cumplimiento de dicha prohibición”.

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