Presidente de Argentina y otros líderes del Grupo de Puebla firman carta en apoyo a ME-O por caso SQM

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y otros ex mandatarios del Grupo de Puebla firmaron una carta en apoyo a Marco Enríquez Ominami (ME-O) y criticaron a la justicia chilena por el caso SQM.

El recién pasado lunes comenzó el juicio oral por este caso luego de ocho años de investigación y que alude a un presunto financiamiento ilegal de la política, dentro del que se encuentran involucrados el ex senador UDI, Pablo Longueira, y ME-O, ex candidato presidencial, a quien se le acusa de delitos tributarios, arriesgando una pena de cuatro años de presidio.

Es por esto que el Grupo de Puebla -conformado por personeros como el presidente de Argentina, Alberto Fernández; y ex mandatarios, como José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia); la diputada PC, Karol Cariola; y el ex juez español, Baltasar Garzón- publicó una carta en apoyo al ex abanderado del PRO, quien es el actual coordinador del organismo formado en 2019 por líderes progresistas latinoamericanos.

«Desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones», señalan en la carta. «Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio», agregan.

«Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile», continúan.

«Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado», afirman.

«Otro caso de lawfare (guerra jurídica) como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado», expresa el escrito.

Es así que cuestionan el auto de apertura del juicio y aseveran que no sería válido, por lo que juicio sería eventualmente anulado. «De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso», dicen.

«Estamos seguros que finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos», finalizan.