La iniciativa del cable submarino China–Chile Express volvió a situarse en el centro del debate público tras revelarse que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones suscribió, el pasado 27 de enero, un decreto que otorgaba una concesión intermedia a CMI Chile SpA, filial de China Mobile International. Esto ocurrió pese a que, hasta entonces, desde el Ejecutivo se había señalado que el proyecto permanecía “en análisis”.
Según dio a conocer Diario Financiero, el documento —que posteriormente fue dejado sin efecto el 29 de enero— establecía una vigencia de 30 años y facultaba a la compañía para “instalar, operar y explotar” una red de transmisión de fibra óptica mediante cable submarino entre Hong Kong y Concón, limitada a los componentes emplazados en territorio nacional.
Los antecedentes difundidos indican que el trazado proyectado alcanzaba 19.873 kilómetros e incluía especificaciones técnicas del sistema, junto con cronogramas para la ejecución de las obras y su entrada en funcionamiento.
La revocación del decreto fue solicitada por una jefatura subrogante de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), a través de un oficio que justificó la medida por “razones de error técnico o en su tipeo”, tras un requerimiento interno de la propia repartición.
En paralelo, el asunto adquirió una dimensión internacional debido a la controversia con Estados Unidos en torno al proyecto. Medios extranjeros reportaron sanciones y objeciones provenientes de Washington relacionadas con esta iniciativa, en un escenario que el Gobierno chileno ha descrito como delicado.
La situación reactivó además las interrogantes respecto del estado administrativo real del cable y su tramitación, en medio de interpretaciones contrapuestas sobre si se trataba solo de una fase preliminar de evaluación o de actuaciones que implicaban una autorización concreta para avanzar.
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