A través de un comunicado, los 17 representantes de los pueblos originarios, “exigieron una investigación objetiva de los hechos”, condenando la muerte del joven comunero mapuche Pablo Marchant, luego de haber sido baleado por Carabineros en medio de una “acción de sabotaje” en las dependencias de la forestal Mininco mientras eran vigiladas por los efectivos policiales.
«Compartimos el dolor y consternación del país, y enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, su comunidad y al Pueblo Nación Mapuche», cita la declaración pública difundida por Elisa Loncón, presidenta de la Mesa Constituyente.
Asimismo, el documento indica “los graves hechos conocidos hacen evidente la urgencia de que el país respete y repare los derechos políticos y territoriales del Pueblo Mapuche y de todas las naciones originarias, como una necesidad ineludible para el proceso constituyente de un Chile plural, de pueblos iguales en dignidad y derechos”, y agregan “hacemos un llamado urgente al Gobierno de Chile y al Congreso Nacional a atender los requerimientos planteados” aludiendo a la declaración aprobada por 105 convencionales el pasado jueves 08 de julio que solicita la “desmilitarización del Wallmapu” y “el fin de la represión a la protesta social”
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