15 de enero 2025

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El diputado de Renovación Nacional por el distrito 20, Leonidas Romero, realizó una presentación a la Contraloría General de la República, para que se determine la legalidad y procedencia de la licitación pública del servicio aéreo Lebu – Isla Mocha – Tirúa, realizada por el Ministerio de Transportes, y la actuación de la Dirección General de Aeronáutica Civil , ya que fue la DGAC quien definió los aspectos técnicos de las bases de dicha licitación.

La presentación surge por una serie de irregularidades que se dieron a conocer en forma previa y posterior al accidente registrado por la avioneta licitada por el Ministerio de Transportes, de la empresa Aerotransportes Araucanía Ltda. (ATA) en la ruta que une Isla Mocha y Tirúa el viernes 9 de julio con cinco personas a bordo y que dejó a una de ellas con heridas de gravedad.

El documento, indica que «en el proceso de evaluación de ofertas, la empresa Aerotransportes Araucanía Ltda., quien había postulado con un avión monomotor, obtuvo el mayor puntaje entre las ofertas presentadas a pesar de que la nave ofrecida registraba ante la DGAC, dos accidentes anteriores. Aun así, el Ministerio de Transportes, amparado en un informe técnico emitido por la DGAC, le adjudicó la licitación en cuestión…»

De hecho, el parlamentario denunció la existencia de un audio con conversación sostenida entre el Piloto Inspector de la DGAC, Sebastián López, y el Gerente de Operaciones de Heliworks, empresa que brindó antes el servicio sin inconvenientes durante casi 13 años, donde queda de manifiesto que el funcionario de la DGAC omitió deliberadamente información respecto de una condición de seguridad de la nave que presentó la empresa ATA, la que se adjudicó la licitación referida gracias al informe elaborado por la DGAC, condición de seguridad que ha llevado a otros países a prohibir la operación de este modelo de avión, como en Canadá.

Cabe mencionar que el piloto inspector aludido, además había trabajado anteriormente en la empresa que se adjudicó el contrato, situación que debió al menos inhabilitarlo para la elaboración del informe técnico.

Leonidas Romero, afirmó que «en mi calidad de miembro de la Comisión de Defensa, he puesto todos los antecedentes en conocimiento de la señora Ministra de Transportes y del Ministro de Defensa y solicité citar al Director de la DGAC y al Subsecretario para las Fuerzas Armadas para que expliquen estos hechos. De resultar ciertas estas irregularidades el Director General de la DGAC debe renunciar, la lucha contra la corrupción es caiga quien caiga» sostuvo el parlamentario.