Nuevos antecedentes se suman al denominado caso «Democracia Viva», donde esta fundación presidida hasta ahora por Daniel Andrade, sostuvo al menos tres convenios de trato directo con el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, cuando ambos eran militantes de Revolución Democrática (RD).
Ahora, el Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló nuevos datos que agudizan la situación. Según recogió Biobío, la fundación que hasta octubre de 2022 firmó dos de los tres convenios, estableció su giró a construcción de proyecto públicos posteriormente, el 21 de noviembre de 2022.
De acuerdo al mismo medio, el primer convenio asciende a $200 millones para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe. El segundo convenio alcanza $170 millones y contemplaba el mismo objetivo en el campamento Irarrázaval Etapa I.
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