Este lunes 16 de mayo a las 09:00 se reanudó la audiencia preparatoria de juicio oral del caso Crudo Iraní, luego que por fallo unánime la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción revocara el pasado viernes 06 de mayo los planteamientos de la defensa de los ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), al querer declarar incompetente al Juzgado de Garantía de Talcahuano y excluir al Consejo de Defensa del Estado y a las víctimas de Quintero y Puchuncaví como querellantes.
De esta manera, se confirman las resoluciones dictadas en la primera parte de la audiencia preparatoria, que comenzó el lunes 11 de abril y que debió ser suspendida, dado que la defensa de ENAP anunció sorpresivamente 960 documentos, 160 testigos y 18 informes periciales, que tuvieron que ser examinados por el Ministerio Público y los querellantes previo a la etapa de argumentación.
Remberto Valdés, abogado que representa a 1.434 víctimas de intoxicación, indicó que “a la fecha ENAP no ha obtenido ningún resultado siendo rechazadas todas sus solicitudes, lo que confirma la derrota de su postura”, agregando que “la ruta sigue despejada para que el juicio oral se lleve a cabo a la brevedad posible”. “No hay duda de que los seis ejecutivos de ENAP serán condenados por este delito ambiental y se obtengan altas condenas, proporcionando así justicia para las miles de personas vulneradas”, puntualizó.
Anteriormente, la Fiscalía Regional del Biobío solicitó penas de 5 años de cárcel para Edmundo Piraino, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana, así como penas de 4 años de cárcel para Álvaro Hillerns, Patricia Cabalá y Jorge Farías, todos ejecutivos de ENAP.
Tras su investigación, se concluyó que los acusados realizaron labores de gestión y manejo de crudo iraní y su secuestrante con infracciones a los estándares reglamentarios, permitiendo la emisión de sustancias químicas altamente peligrosas para la salud e intoxicando a miles de personas. Finalmente, cabe recordar que las víctimas representadas por Remberto Valdés Abogados interpusieron una demanda civil por $28.640 millones de pesos (casi US$35 millones de dólares), e incluso marcharon hasta La Moneda para entregar una carta solicitando la intervención del Presidente Gabriel Boric.
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