El Senado aprobó este miércoles en general el proyecto de ley que permite la conmutación de penas privativas de libertad por arresto domiciliario total para reclusos que padezcan enfermedades terminales o un menoscabo físico grave debido a su avanzada edad. La votación se desarrolló en una sesión calificada como tensa, donde la Sala respaldó la idea de legislar sobre una iniciativa que ha generado una profunda división política debido a su impacto en condenados por violaciones a los derechos humanos.
El debate central se enfocó en que la normativa propuesta no establece exclusiones para delitos de lesa humanidad, lo que permitiría que internos de recintos como ex Punta Peuco y Colina 1 accedan al beneficio. Los parlamentarios que apoyan la medida argumentaron que se trata de una cuestión de dignidad humana y derechos básicos para personas con diagnósticos de salud irreversibles. En contraste, los sectores que votaron en contra denunciaron que el proyecto constituye una «amnistía encubierta» que vulnera los compromisos internacionales de Chile en materia de justicia.
El texto aprobado establece que, para acceder al beneficio, los reclusos deberán contar con peritajes del Servicio Médico Legal que acrediten una condición de salud terminal o una dependencia severa. La propuesta no elimina la condena, sino que modifica la modalidad de cumplimiento, trasladando al reo a su domicilio bajo vigilancia. Durante la sesión, se enfatizó que el objetivo técnico es descongestionar el sistema penitenciario de personas cuya condición física ya no representa un peligro para la sociedad y que requieren cuidados paliativos.
Tras este avance, el proyecto regresará a las comisiones correspondientes para su discusión en particular, instancia donde se presentarán indicaciones para intentar restringir el catálogo de delitos que pueden optar a esta conmutación. El Ejecutivo ha manifestado su rechazo a que se incluya a condenados por crímenes graves de la dictadura, advirtiendo que, de mantenerse el texto original, recurrirán al Tribunal Constitucional por considerar que la norma contraviene tratados internacionales que impiden beneficios automáticos para este tipo de delitos.
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