Bastante presión causó la medida aprobada por el congreso de aplicar un test de drogas a los parlamentarios. El camino no estuvo exento de polémicas entre el oficialismo y la oposición.
Según la resolución adoptada, los exámenes de pelo se realizarán de forma aleatoria y semestral, a través de un sistema de sorteo. Los parlamentarios deberán aplicar un test de drogas al menos dos veces durante su periodo legislativo y estos resultados serán públicos.
Una de las adherentes al proyecto, fue la diputada humanista, Pamela Jiles. “Por fin hemos logrado el objetivo. En una alianza transversal, esta cámara ha aprobado narcotest para todos los parlamentarios y parlamentarias, hechos de manera aleatoria cuyos resultados serán públicos y el levantamiento del secreto bancario.”
“Hay que decir que esto tuvo muchas dificultades, tuvimos que insistir en esta alianza transversal para que esto se pusiera en tabla para que se tratara en la comisión de constitución para que se cumplieran las fechas en que hay que hacer estos exámenes y por fin la ciudadanía va a tener el derecho a saber si sus diputados tienen algún vínculo con el narcotráfico o consumen sustancias ilícitas”.
Pero, hay un conflicto con el derecho al paciente, norma que se transgrede con la indicación que apunta a que los resultados sean de publico conocimiento.
Al respecto, el presidente de la comisión de salud de la cámara, Tomás Lagomarsino, explicó “claramente existen un choque entre el reglamento aprobado recientemente y la ley de los derechos y deberes de los pacientes y creo que el camino es generar una interpretación de la ley o una modificación legal de la ley de los derechos y deberes de los pacientes que contemple esta excepción”.
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