¿Tiemblan las Isapres?: Voceros abordan las consecuencias del fallo de la Corte Suprema

Un duro golpe a las Isapres lanzó la Corte Suprema. Tras una extensa espera, finalmente el máximo tribunal acogió 12 recursos de protección presentados en contra de las alzas anuales en los planes de salud de las isapres Consalud, Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres, Banmédica y Nueva Más Vida. Junto a ello, ordenó detener el alza de 7,6% aplicado por las aseguradoras.

Hay distintas miradas al respecto. El exministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, catalogó el hecho como “una sentencia de muerte”.

“Esta sentencia es en realidad una sentencia de muerte para las isapres y el problema es que evidentemente entre la situación actual y una situación futura sin isapres se necesita un periodo de adecuación donde los derechos de las personas que están enfermas crónicamente requieren de una solución. Yo calculo que son aproximadamente 1 millón de personas que no van a poder irse a otra aseguradora una vez que empiecen a caer algunas y tendrán que ser financiados por Fonasa”.

Asimismo, complementa, “si tuviésemos que ir a un sistema único manejado por el estado como propone la constitución, o a un sistema de varios seguros que compitan entre sí, en la práctica la sentencia de ayer es una sentencia de muerte para las isapres”.

Respecto a la posición del ejecutivo en esta materia, que ha sido criticado por algunos sectores de bajar el perfil a esta “crisis”, Mañalich señala “un poco tardíamente las autoridades de salud han calculado que esto una muerte rápida del sistema de isapre, que significa una catástrofe para muchas personas y significa también una contingencia política enorme para el ejecutivo porque no tiene capacidad para hacerse cargo de repente de toda esta carga de pacientes enfermos, de alto costo financiero. El discurso del gobierno ha sido minimizar la posibilidad de una crisis”.

Una perspectiva contraria expone Juan Carlos Said, médico internista de la Universidad de Chile y magíster en Salud Pública.

“El fallo de la Corte Suprema se enmarca en un problema mucho más general que es cuál es el sistema de financiamiento que queremos. Sabemos que las isapres en medio plazo son insostenibles, aún cuando pudieran sobrevivir de aquí a dos años más”. 

Asimismo, agrega “la posibilidad en la práctica de hacer ajustes en los planes producto del fallo del Tribunal Constitucional en el año 2010 y actualmente en los fallos de la Corte Suprema que han impedido estos ajustes, sumado a una migración de pacientes a Fonasa donde el costo del plan no ha tenido un alza como sí lo han tenido los planes de isapres y agregando también al aumento de costos y el envejecimiento de la población de los afiliados a las isapres, produce que ya están siendo progresivamente inviables económicamente”. 

Se ha hablado reiteradamente de una crisis, algo que el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de diputados y diputadas, Tomás Lagomarsino es tajante al descartar. 

“Hay que dejar en claro que no hay una crisis o eventual quiebra del sistema completo de las isapres como se ha planteado en los últimos días. Existe el riesgo efectivo que una o eventualmente dos isapres puedan en el mediano plazo caer en insolvencia económica, pero esto es una situación eventual y que no afecta a todo el sistema de las isapres”.

En cuanto al funcionamientos de las mismas, Lagomarsino, explica que “el día de hoy las isapres ya reajustan sus planes dado que estos se encuentran medidos en UF y en este último tiempo hemos tenido el aumento de la UF más significativo de los últimos años y considerando eso ya ha habido un reajuste significativo. Lo que buscan las isapres y que realizan cuando alzan el precio bilateralmente es reajustar por sobre lo que ya se reajusta la economía chilena por el IPC y la UF y esto es muy difícil de sostener y por supuesto bastante cuestionable”, afirma el legislador. 

Es la primera vez que la Corte se pronuncia respecto de la Ley 21.350, que fue aprobada en forma unánime por el Congreso en junio de 2021 y que determinó que la Superintendencia de Salud, y ya no las aseguradoras, fijaran el tope máximo con que las isapres podrían subir el precio base de los planes.