Desde el pasado mes de julio que las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se encuentran en toma. Son más de 5 meses en que la entidad se ha visto obligada a buscar otros espacios para su labor.
Durante esta jornada, las organizaciones sociales, estudiantes, víctimas y familiares de la represión estatal que se encuentran en toma de las dependencias, han lanzando, mediante comunicado, un ultimátum al INDH, advirtiendo que éste tienen 24 horas para «retirar los archivos que se encuentran en este edificio, ya que no hemos querido ingresar a los sectores en que se encuentran estos documentos, y que sea el consejo del INDH que elija a que personas mandatará a retirarlos, asegurando un total apoyo en el proceso y tranquilidad para que puedan llevárselos».
El plan, de acuerdo al comunicado, es transformar las dependencias del instituto en un espacio «para recoger la demandas del pueblo y que sea un lugar donde las victimas puedan llevar adelante un proceso de catastro y de memoria». Además, se agrega que el edificio sirve para «articularnos hasta que exista libertad a lxs presxs políticos, justicia en contra de los criminales que atacaron al pueblo y reparación para todas las victimas y familiares de la represión estatal».
Las razones de esta toma se remiten al estallido social de 2019 y al rol que ha desempeñado el INDH en dicho contexto desde entonces. En esa línea, para los ocupantes, la entidad «ha sido un cómplice pasivo de las violaciones sistemáticas de derechos humanos lideradas desde el gobierno», pero agregan que el principal problema para ellos es que «no han sido capaces de responder a ninguna de nuestras demandas».
Los ocupantes exigen que «esta institución se haga cargo de reconocer las violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde la revuelta de octubre» y que junto a ello «se garantice la reparación» de víctimas de trauma ocular y otras violencias estatales.
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