Agencia Uno
El denominado Caso Hermosilla sumó un nuevo y polémico episodio luego de que la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente solicitara al 4° Juzgado de Garantía de Santiago la interceptación de los teléfonos de una decena de periodistas, entre ellos profesionales de CIPER Chile, La Tercera y The Clinic. En el oficio se incluían los nombres, RUT y números de contacto de los comunicadores, bajo el argumento de que podrían tener información relevante para la causa.
No obstante, el tribunal rechazó la medida por considerar que implicaba una vulneración de derechos fundamentales, como la libertad de prensa y el derecho a la privacidad de las fuentes periodísticas. Según los antecedentes del expediente judicial, la petición fue negada en al menos tres ocasiones, debido a la falta de fundamentos que justificaran una intromisión de tal magnitud.
La solicitud de interceptación se enmarca en las diligencias del Ministerio Público por el presunto delito de «revelación de secretos», iniciada a raíz de una querella presentada por Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, tras la publicación de chats del celular de este último.
La revelación de esta solicitud judicial generó preocupación en el gremio periodístico y en sectores políticos, que advirtieron sobre los riesgos que supone para la libertad de expresión y el resguardo de las fuentes informativas. Diversas organizaciones, como el Colegio de Periodistas, anunciaron que pedirán aclaraciones formales a la Fiscalía sobre el alcance de esta acción y sus fundamentos.
En tanto, desde el Ministerio Público no se han entregado declaraciones públicas, aunque fuentes cercanas a la investigación sostienen que la solicitud formaba parte de un conjunto más amplio de diligencias destinadas a rastrear posibles filtraciones del expediente del caso, que ha tenido amplia cobertura mediática desde su inicio.
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