Unidad de Análisis Financieros propone que abogados y contadores informen operaciones sospechosa

Desde la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han propuesto que se incluya a abogados y contadores como sujetos obligados a informar de operaciones sospechosas.

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asumió su cargo hace casi tres meses luego de ser designado por el Presidente Gabriel Boric y explica que la iniciativa «parte del último proceso de evaluación al que fue sometido al país, en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo».

Las recomendaciones de Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional, que en el caso de Chile, es evaluado por Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), quien hizo algunas observaciones y «espacios de mejora» o «fortalecimiento del sistema» entre los cuales se encuentra «definir como sujeto obligado, tanto a los abogados como a los contadores, como así también a quienes participan de la comercialización de metales y piedras preciosas».

«Actores relevantes, por la información que podrían generar para efectos de hacer seguimiento e inteligencia financiera», indica el director de la UAF.

Gafilat da cuenta de un reporte en que, de acuerdo a Carlos Pavez, «estamos en un buen pie, en términos relativos, en relación a los países de la región».

Sin embargo, precisa que «este tema es muy dinámico, es de permanente revisión, de actualización, y por lo tanto, a pesar de que estamos en un buen pie, obviamente a partir de estas evaluación se han indicado algunas áreas de mejoras o fortalecimiento que son necesario abordar en estos periodos, entre evaluación y evaluación».

«Creemos que tenemos un buen reconocimiento a nivel internacional, no solamente del punto de vista de la labor que cumple la UAF, sino que en general de todas las instituciones que participan en el sistema antilavado y contra el financiamiento del terrorismo».

Por último, entre las áreas que señala a mejorar, se encuentra «la institucionalidad, identificación de análisis finales sobre algunos delitos base que deberían ser considerados como delito precedente de lavado de activos».