22 de noviembre 2024

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Los diputados Marcela Sandoval y Gabriel Silber  solicitaron a la Contraloría General de la República  que se pronuncie respecto a funcionarios de La Moneda que estarían relacionados con un eventual intervencionismo electoral, todo a partir de un documental llamado “Violencia y Mentiras”. 

¿Qué pasó?

Todo inicia cuando  Cristián Larroulet, Jefe de la Asesoría Presidencial  compartió un video en su twitter señalando “Recomiendo este video que muestra lo que está en juego en el país”. En ese tuit, el jefe de los asesores del presidente sugirió ver un documental llamado “Violencia y Mentiras”, el cual muestra testimonios de locatarios no identificados que habrían sido afectados por los episodios violentos ocurridos durante el estallido social, y donde se responsabiliza a Boric y Provoste de los hechos.

 

Pero el video tiene un origen muy particular, en un hilo en Twitter, el usuario @adderou encendió las alarmas, pues en una de las revelaciones que hace el usuario, está que al momento de intentar pagar el dominio www.violenciaymentiras.cl a través de NIC Chile, éste aparece asociado a Juan José Bruna Carafí, actual director de Comunicaciones en la Segegob.

Otro de los antecedentes dados a conocer fue que la agencia encargada de este material audiovisual es The Leiter Agency, la cual tiene entre sus clientes al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y al think tank, Libertad y Desarrollo. Dicha información estaba en su sitio web hasta ayer, pero luego actualizaron la página para ocultar esa información.

De inmediato, las críticas y denuncias por posible intervencionismo electoral surgieron. En ese sentido la diputada Marcela Sandoval anunció requerimiento en Contraloría por material audiovisual y señaló que “a todas luces, es intervencionismo electoral”. 

“La producción, quienes están detrás de este material es la Agencia Leiter, que, además, tiene contratos con la Segegob y con el instituto Libertad y Desarrollo (…) Nos parece un hecho gravísimo a seis días de la elección y es por eso que hemos acudido a contraloría para que se resuelva si efectivamente esto», concluyó la diputada.