La iniciativa pasará al pleno del Senado y si no es tramitada esta semana, deberá esperar hasta el fin del receso de verano del Congreso en marzo.
Presionada por el presidente electo, Gabriel Boric, una comisión senatorial aprobó este miércoles (26) un proyecto de ley de amnistía para liberar a un número indeterminado de detenidos durante el estallido social.
Algunos imputados llevan entre seis meses y dos años en prisión preventiva, acusados de delitos que como lanzamiento de bombas incendiarias a la policía, saqueos e incendio de iglesia y de una sede universitaria.
La iniciativa, impulsada por la oposición de centroizquierda, pasará al pleno del Senado y si no es tramitada esta semana, deberá esperar hasta el fin del receso de verano del Congreso en marzo, considerando que el nuevo Gobierno, con su respectivo Poder Legislativo, asumirá sus funciones el 11 de marzo próximo, donde la actual oposición, hoy mayoritaria, tendrá igual número de senadores; es decir, en la Cámara de Diputados no alcanzará una mayoría simple de 78 sufragios, lo que hace incierta su aprobación.
La comisión no determinó cuántos detenidos serían favorecidos en caso de que el proyecto se apruebe, ya que las cifras difieren. Un informe de la policía de prisiones, citado por la presidenta del Senado, Ximena Rincón, señala que hay 144 personas en prisión preventiva y que otros 67 fueron enjuiciados y condenados. Los familiares afirman que son más de 800.
En esa misma línea, el actual Jefe de Estado, Sebastián Piñera, recordó que muchos de los presos están acusados de delitos graves, y expresó que “sería una muy mala señal indultar o amnistiar a esas personas”.
Según muchos legisladores, el problema de los “presos de la revuelta” y de muchos otros radica en que en Chile la prisión preventiva no tiene límite de tiempo, como sí ocurre en la mayoría de los países de la región, entre ellos Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, según un estudio sobre la materia publicado por la Biblioteca del Congreso chilena.
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