24 de abril 2024

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A 10 años del incendio en la cárcel de San Miguel, donde 81 personas fallecieron a causa del siniestro generado en la Torre 5 del recinto, la ONG Leasur hizo un llamado a permitir el derecho a voto de las personas privadas de libertad.

La organización, que vela por los derechos de la población penal, afirmó que «el fuego dejó muertos, heridos y una huella imborrable en las familias de cada interno del recinto. Una huella que ni el Estado ni la sociedad civil debemos olvidar«.

«Diez años y la cárcel sigue vulnerando los derechos fundamentales que se deben  garantizar a las personas privadas de libertad, como si esta tragedia no hubiera pasado. El Estado sigue sin reconocer su rol de garante de las personas que decide condenar penalmente», criticaron.

Así, detallaron que «las condiciones carcelarias siguen siendo deplorables, con altas tasas de hacinamiento y escaso acceso a elementos básicos como agua, alimentación y salud».

«Más recientemente, debido a la pandemia, incluso el derecho al contacto de internos e internas con sus familiares se ha visto gravemente afectado», recordaron desde la ONG.

Leasur advirtió que «si bien esperamos que jamás se repita una tragedia como la de San Miguel, para nadie que conozca el mundo carcelario sería sorpresivo que vuelva a ocurrir, debido a que los avances en las condiciones de vida en su interior han sido prácticamente nulos».

«A 10 años del incendio, reiteramos el llamado al Estado chileno a tomar en serio sus obligaciones con la población penitenciaria, prestar atención a la realidad que se vive en las cárceles y remediar las graves falencias de un sistema que todavía carece de una Ley de Ejecución Penitenciaria. Interpelamos a las autoridades a cambiar su foco represivo por uno preventivo y de reinserción, partiendo por permitirle a las personas privadas de libertad  ejercer su derecho a voto, especialmente en el proceso constituyente que transitamos«, enfatizaron.

Finalmente la ONG hizo un llamado a la comunidad a «que podemos tener un rol activo en la promoción  de un trato digno y acorde a derechos humanos de nuestra población penal porque el llamado es a no olvidar a los 81 caídos en San Migue pero tampoco a las miles de personas que hoy siguen presas«.