Luego de que el tercer informe de la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional fuera rechazado en general por el Pleno, la instancia ha estado reformulando distintas normas que volverán a ser presentadas, como lo es la figura del Fiscal Nacional, la autonomía del Banco Central, entre otras.
Dentro de las modificaciones que los convencionales han hecho están las aplicadas al artículo que crea la Agencia Nacional del Agua, organismo público encargado de «otorgar, revisar, modificar, caducar y revocar autorizaciones de uso de agua».
Según lo aprobado por la comisión, este será «un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se organizará desconcentradamente, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua, para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. Para ello, se encargará de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de los particulares en su caso».
La propuesta que será enviada nuevamente al Pleno señala también que la Agencia «deberá fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones administrativas que correspondan. Podrá determinar la calidad de los servicios sanitarios, así como las demás que señale la ley. Las sanciones impuestas por la agencia podrán ser reclamadas ante los tribunales de justicia».
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