AMUCH extiende descuentos de gas a municipios rurales mientras oposición señala que colusión es comprobable

La FNE recomendó preliminarmente “prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores» y propuso cambios regulatorios al negocio del gas natural “para que baje el precio de ambos combustibles”. Ahora reitera la necesidad de llevar a cabo una serie de reformas para aumentar la competencia en este mercado, a fin de que se pueda lograr “importantes ahorros para los consumidores, tanto en el segmento del gas licuado como del gas natural».

En el caso del cilindro, la FNE y su estudio estima que se podría ahorrar un 15% por cada balón. Mientras que para el caso del gas natural, se estima un ahorro de entre 13% y 20% en las cuentas mensuales.

El ministro de energía, Juan Carlos Jobet, rompió finalmente el silencio en que se mantenía el ejecutivo en esta materia y anunció, sin entregar mayores detalles, que las conclusiones del informe de la FNE coinciden con un proyecto de ley que esperan presentar pronto ante el congreso.

En esa misma línea el alcalde de la comuna de La Reina y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Juan Manuel Palacios, se cuadró con la postura del ministro y habló de revisar las normas para regular los precios. Sus dichos se dieron en el contexto del anuncio de un nuevo acuerdo entre AMUCH y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) para expandir los descuentos conseguidos con las empresas de gas investigadas por la FNE. Esto, a fin de «llegar a un 84% del total de municipios a nivel nacional». El alcalde insistió en que estos tratos entre municipios y empresas siguen siendo necesarios por tratarse de medidas que atienden de forma inmediata el problema del alto precio del gas.

Por otra lado, parte de las conclusiones del estudio, señalan que “hoy en día casi el 85% de las ventas de Gas Licuado es realizada por pymes, las que, por contrato con las mayoristas, son las que asumen el riesgo comercial de la distribución y se benefician o perjudican por la calidad de servicio».
El diputado y presidente de la Comisión Investigadora de la cámara, Miguel Ángel Calisto, se sumó a este cuestionamiento y planteó algunas interrogante frente al argumento de que el precio se ve influencia inevitablemente por factores internacionales.

«¿En qué parte de Latinoamérica tenemos esos valores? Porque los otros países también son sujetos de la crisis internacional. (…) El problema es que tenemos un mercado cerrado, controlado por tres empresas que hemos investigado en la comisión. Nosotros estamos convencidos de que aquí existen elementos para comprobar que hay colusión», dijo el presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Las recomendaciones finales, que fueron enviadas al Ministerio de Energía, apuntan a perfeccionar la estructura del sistema y a optimizar su competencia y eficiencia. El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, dijo que “con las recomendaciones que se están presentando, el Estado tiene una vía regulatoria fácil y rápida para bajar el precio (…) Los cambios que se proponen harán más competitivo el mercado».

Finalmente, el diputado Raúl Soto respaldó el informe de la FNE e hizo un llamado a la fiscalía a continuar con su trabajo «para recabar más antecedente y poder perseguir a los responsables del aumento de los precios en el mercado del gas».