22 de noviembre 2024

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Amparándose en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y alegando su derecho al Debido Proceso y al Juez Imparcial, el diputado Andrés Celis Montt presentó un requerimiento ante el Tribunal Supremo de Renovación Nacional, buscando objetar los votos de los Subsecretarios de Prevención del Delito y de Agricultura que permitieron abrir una causa disciplinaria en su contra por denunciar que el diputado Diego Schalper estaba intentando incidir en votos para que se rechazara el proyecto que permitía el retiro del 10% de los fondos previsionales.
En el escrito, el parlamentario argumentó que existe una inhabilidad manifiesta de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell y del Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet y que ellos tenían un interés actual y comprobable, que les impidió actuar con libertad, prudencia, distancia y ponderación. Lo anterior, se sustenta también en la abierta opinión política de Celis de votar a favor del 10% cuando Schalper intentaba persuadir a los diputados Ramón Galleguillos y Aracely Leuquén, para que se alinearan con la opinión del Gobierno.
“Según los funcionarios de Gobierno, merezco que se abra en mi contra una investigación por dar a conocer hechos inaceptables que cometió otro parlamentario del propio partido, a quien no se somete a la misma indagación ética, quizás porque su actuación sí estaba en la línea con la opción política manifestada y sostenida por los funcionarios de Gobierno que ahora impugno”, explicó el diputado Andrés Celis.
Respecto de la arista judicial del caso, el legislador informó que ya testificó la diputada Leuquén, quien reconoció las circunstancias en las que conversó con Schalper; además, las declaraciones entregadas por ella y por Celis son coincidentes. En los próximos días el parlamentario del distrito 15 deberá acudir a entregar su versión de los hechos.
Finalmente, sobre la denuncia por amenazas en contra del diputado del distrito 7, se esperan prontos resultados de la Brigada del Cibercrimen de la PDI; lo anterior, en el contexto de las diversas investigaciones que se llevan a cabo por amedrentamientos a parlamentarios por su labor legislativa.