15 de julio 2024

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La Contraloría dio a conocer los resultados de una auditoria realizada a la Subsecretaría de Redes Asistenciales en relación al Hospital Digital, que detectó compras no justificadas y mal uso de recursos públicos, entre otros hallazgos.

El objetivo «fue realizar una auditoría a la implementación del programa y a contrataciones asociadas a la Plataforma Convergente2, por cuanto junto al uso de dicha plataforma, softwares y datos integrados, el referido programa utilizará componentes tecnológicos que contribuirán a la obtención de diagnósticos remotos».

Tales adquisiciones fueron ejecutadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019.

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Según indicó Contraloría, «la entidad auditada no aportó antecedentes sobre la realización de algún estudio previo de los recursos tecnológicos disponibles, que permitiese contar con una base de comparación sobre lo que era necesario adquirir para la implementación del Programa Hospital Digital, omisión que incumple el artículo 55, de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual señala que el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz».

«El Minsal adquirió 22.055 licencias del software MPI Biometría para la plataforma convergente por un monto ascendente a $ 3.238.517.828, IVA incluido, a la empresa Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. De ellas, al mes de octubre de 2019, se ocupaban menos de 50, cantidad máxima necesaria para la etapa piloto, razón por la cual no se justifica el volumen de dicha adquisición ni su oportunidad, situación que da cuenta de la falta de un análisis previo para la ejecución de tal adquisición», detallaron.

También se tomó conocimiento de una orden de compra a través de la cual se solicitó el servicio de definición de plataforma Big Data’ de largo plazo y estrategia de gobernanza de datos, a la empresa Metric Arts SpA, por un monto de UF 669,24, equivalentes a $ 18.445.472, cuyos objetivos específicos eran establecer las directrices de arquitectura para la precitada plataforma convergente de largo plazo basada en Cloud Computing y diseñar una metodología ad-hoc a la aludida tecnología para la definición e implementación de proyectos de Inteligencia Sanitaria.

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A diciembre de 2019, el proyecto Big Data se encontraba suspendido –sin que la entidad aportara antecedentes que lo justificara- por lo cual los desembolsos asociados a ese proyecto no se habían concretado en la solución esperada por esa subsecretaría, lo que también da cuenta que la repartición no efectuó estudios previos que justificaran la real necesidad de llevarla a cabo.

«Ambas situaciones vulneran los principios de control, eficiencia, eficacia e idónea administración de los medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública que rigen a los órganos de la Administración del Estado, como también el control jerárquico permanente que debe ejercer toda autoridad o jefatura», concluye Contraloría.

Por otra parte, se advirtió la fragmentación de la compra efectuada a la empresa GETS S.A., por un valor de UF 1.716,00 y UF 1.727,36, pues en un plazo de 40 días emitió cuatro órdenes de compra a través de convenio marco cuyos montos oscilaron entre 978 y 986 UTM, lo cual da cuenta de una división de dichas adquisiciones evitando con ello el proceso de Grandes Compras.

Este informe de Contraloría se da a conocer en medio de los cuestionamientos surgidos contra el ex subsecretario Arturo Zúñiga por los contratos con residencias sanitarias.