23 de julio 2024

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“Jamás vamos a avalar una situación que afecte a niños y niñas, somos los primeros en investigar”, recalcó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, que analizó el operativo realizado por la PDI en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, región de la Araucanía.

La autoridad aclaró que la detención de la hija de 7 años de Camilo Catrillanca se produjo en las afueras del Cesfam de Ercilla, donde efectivos policiales fueron atacados por la opinión pública y no en el operativo realizado en la comunidad. Agregó que fue un error gravísimo y son los primeros interesados en saber por qué la menor se encontraba en el suelo.

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A su vez, el director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, ratificó que el hecho se produjo en el marco de desórdenes públicos y agresiones a funcionarios policiales, en un horario y lugar distinto al del operativo y agregó que entregarán los antecedentes que se les soliciten.

Asimismo, explicó que en los operativos policiales, inmediatamente dan la protección que merecen niños, niñas y adolescentes, ya sean víctimas, testigos o participantes de hechos delictuales.

Finalmente, consideró que las imágenes de la menor están sacadas de contexto, “es una información no verídica y tenemos evidencia para presentar en tribunales”, y lamentó que nadie resalte el ataque que recibieron los funcionarios de la PDI.

Defensoría de la Niñez

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, exhibió unas fotografías en la comisión que muestran la detención de la menor, su madre y abuela, que son sacadas de un vehículo. En conversación oral con ella, explicó que la bajaron tirándole el pelo y las trenzas, y que luego de estar en el suelo rodeada de policías, fue retenida al interior de un vehículo policial.

Según la abogada, ningún menor de 14 años puede ser detenido o retenido porque son inimputables. Por ello, presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco por detención ilegal y arbitraria y se extendió el plazo por 48 horas más para que la PDI informe.

Además, presentaron una denuncia penal por apremios ilegítimos, que fue acogida por el Ministerio Público y está siendo analizada por un fiscal especialista en Derechos Humanos.

Patricia Muñoz, afirmó que “no queremos que los niños y niñas estén expuestos a un proceder policial de este tipo” y consideró que el uso de la fuerza no es per se ilegítimo, pero cuando hay un contexto de uso abusivo e ilegítimo, ojalá exista acuerdo transversal de sancionarlo y evitarlo en un futuro; ya que la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos imponen ciertas exigencias a las instituciones del Estado y a la fuerza policial.

Gran operativo policial 

En cuanto a la operación policial destinada a desbaratar el narcotráfico y el crimen organizado al interior de la comunidad, llamó la atención de las y los parlamentarios la gran envergadura que tuvo, con 850 efectivos destinados a ella -lo que no se ve en otras poblaciones captadas por el narcotráfico-. Además, la instancia lamentó la muerte del inspector de la PDI, Luis Morales y dieron las condolencias a la institución.

Sobre el punto, el ministro del Interior recalcó que el operativo no se relaciona con el tema mapuche, sino que emana de una orden judicial por una investigación de drogas, armas y otros ilícitos, como ocurre en otras zonas de Chile, con cientos de efectivos.

Sin embargo, consideró de gravedad máxima lo ocurrido, en cuanto al poder de fuego con presencia de armas de grueso calibre y donde un inspector fue asesinado y once efectivos resultaron heridos.

Agregó que se requisaron más de 1.200 plantas de cannabis, lo que corresponde al 70% de lo que se requisa en un año en la región de la Araucanía.

Por su parte, el director general de la PDI informó que la orden judicial era para revisar 12 predios, 11 de Temucuicui y uno en Chacaico, con 31 inmuebles a allanar, con indicios de encontrar cannabis sativa a granel, dinero en efectivo, armas y municiones.

En cuanto a la fecha del operativo, descartó que existan contradicciones entre el gobierno y la PDI, y que el fallo del Caso Catrillanca se determinó recién el día anterior, cuando los efectivos ya se encontraban en la zona de Angol. Se estudiaron los pro y contra de mantener la operación y decidieron mantenerla por la menor presencia de civiles no relacionados al procedimiento.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, explicó que su institución colaboró con el operativo de la PDI abriendo caminos y sostuvo que recibieron un ataque violento con armas de fuego.

Agregó que las policías, y en especial Carabineros, no persiguen etnias, ni grupos determinados, sino a delincuentes y organizaciones criminales que mantienen a las personas con temor por la violencia extrema.

Finalmente, afirmó que en la medida que no se condene el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas y el robo de vehículos, es un sector complejo para las policías y para fortalecer las competencias de trabajo del Ministerio Público.

Por su parte, la diputada Emilia Nuyado (PS), presidenta de la instancia, consideró que debe quedar claro para el pueblo mapuche y para la ciudadanía, que este allanamiento masivo es un hecho sin precedentes, lo que genera desconfianza en el territorio, por los diversos montajes que ha tenido que vivir el pueblo mapuche. Además, del tremendo dolor que vive nuevamente la familia Catrillanca.