El Gobierno ingresó nuevas indicaciones a la Ley de Reconstrucción Nacional, también conocida como megarreforma, con cambios en tres puntos centrales del proyecto: la rebaja del impuesto corporativo, el régimen de invariabilidad tributaria y el crédito tributario al empleo.
Uno de los principales ajustes es la ampliación de la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, que actualmente pagan las empresas con una tasa de 27%. En la propuesta original, el Ejecutivo planteaba reducirlo hasta 23%, pero con las nuevas indicaciones la tasa bajaría finalmente a 22%. La gradualidad quedaría en 27% este año, 25% en 2027, 23% en 2028 y 22% desde el año comercial 2029.
El cambio también impacta el régimen de invariabilidad tributaria, que fue modificado tras el acuerdo alcanzado con senadores del PPD. La propuesta original contemplaba 25 años de invariabilidad para inversiones superiores a US$50 millones, pero ahora se establece una fórmula escalonada según el monto invertido.
Así, los proyectos entre US$50 millones y menos de US$100 millones podrán acceder a 10 años de invariabilidad; las inversiones iguales o superiores a US$100 millones e inferiores a US$350 millones tendrán 15 años; y aquellas iguales o superiores a US$350 millones podrán acceder a 20 años. Además, las empresas que opten por este régimen deberán pagar una sobretasa adicional de 1,5 puntos sobre el impuesto corporativo.
Con la nueva tasa corporativa de 22%, las compañías acogidas a invariabilidad quedarían afectas a una carga de 23,5% en ese régimen. Las empresas no quedarían exentas de eventuales cambios en royalty minero, IVA, impuestos verdes, tributos municipales ni nuevas obligaciones ante el Servicio de Impuestos Internos. También se incorporan exigencias como acreditar el origen lícito de los fondos, demostrar capacidad financiera para ejecutar el proyecto, no haber sido condenado por delito tributario e informar el impacto estimado en empleo, encadenamientos productivos y relacionamiento territorial.
Otro cambio relevante apunta al crédito tributario al empleo, donde el beneficio quedará focalizado en trabajadores de empresas que presten servicios del conocimiento en la economía digital, calificados como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas, prestados a personas sin domicilio ni residencia en Chile y utilizados en el extranjero.
El crédito será de 15% sobre las remuneraciones de trabajadores domiciliados y residentes en Chile vinculados a esos servicios, con un tope de 75 UTM por trabajador al año. Además, aumentará en cinco puntos porcentuales para empresas con casa matriz o sucursales fuera de la Región Metropolitana o en comunas rurales de la RM.
De acuerdo con el informe financiero, el costo fiscal de este sistema sería de unos US$118 millones en 2027, casi 93% menos que los cerca de US$1.670 millones estimados para la versión original. En tanto, el costo máximo total de la megarreforma bajaría desde unos US$1.800 millones a cerca de US$1.200 millones, una reducción de 32%.
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