29 de marzo 2024

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  • La iniciativa establece que las instituciones de educación superior deberán crear protocolos para prevenir estas prácticas, crear unidades responsables de los procesos de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, así como la protección y reparación de las víctimas.

Las diputadas de la Comisión de Mujeres y Equidad Género recibieron a la representante de la Corporación Humanas, Camila Maturana y a Yanira Zúñiga, abogada y profesora de Derecho Público de la Universidad Austral, quienes solicitaron reabrir el debate del proyecto, iniciado en mociones refundidas (boletines 11750, 11797 y 11845), que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico, con el objeto de ingresar una nueva indicación.

La instancia reabrió el debate del proyecto, aprobado en la sesión anterior, y discutió la citada propuesta de la Corporación Humanas y otras organizaciones feministas y académicas, que busca definir, de manera más detallada, las medidas de sanción previstas en el Código del Trabajo.

A partir de ello, la indicación que la comisión concordó, señala que, además de las medidas y sanciones expresamente previstas en el Código del Trabajo, en el estatuto administrativo y en leyes especiales, el modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y reparación de las víctimas, podrá contemplar otras sanciones, prohibiciones y medidas, según sea el caso, tales como:

-La suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos y funciones
-La remoción del cargo
-La cesación de funciones
-La imposibilidad de acceder a financiamientos extraordinarios
-La pérdida de distinciones honoríficas
-La suspensión o pérdida definitiva de la condición de estudiante

El proyecto, que quedó en condiciones de ser visto por la Sala de la Cámara, también establece que “la normativa interna, en materia de acoso en el ámbito académico, deberá ser incorporada, expresamente, en los contratos de trabajo y de prestación de servicios educacionales; convenios académicos y de investigación, y cualquier otro instrumento celebrado con personas naturales o jurídicas, incluidos los convenios que se celebren para efectos de llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación.

La representante de la Corporación Humanas, Camila Maturana, agradeció que se aceptara reabrir el debate para poder debatir esta propuesta, en el contexto de relaciones laborales, que formularon junto a otras organizaciones feministas.

Al respecto, informó que la semana pasada la Universidad Austral fue notificada por la Inspección del Trabajo de Valdivia, lo cual alertó sobre un punto que la moción no había considerado, como es el tema de aplicar sanciones en contexto de relaciones laborales. Por ello, planteó que “es importante que los reglamentos de las universidades definan sanciones distintas a las tres acotadas que define el Código del Trabajo”.

En la misma línea, la académica Yanira Zúñiga sostuvo que se espera que este proyecto construya un sistema de regulación del acoso en el ámbito académico que no solo cubra el vacío legal que hasta ahora tiene la legislación chilena en lo referido a las relaciones de docentes y estudiantes.

“Que también comprenda un régimen relativamente uniforme para otros casos de acoso sexual, que se puedan dar entre personal y docente o administrativo, que para efectos legales constituyan a personas que están vinculadas por nexos laborales y, por lo tanto, quedan sujetas a las disposiciones del Código”.

En este sentido, señaló que “el proyecto debe reforzar la idea que la potestad sancionatoria de las instituciones de educación superior tienen una base en esta ley y, por otro lado, debe contemplar el modelo de sanciones diferente a los que contiene el Código del Trabajo”.