En su último día como alta comisionada de los Derechos Humanos para la ONU, Michelle Bachelet hizo público el esperado informe de su oficina respecto a la situación del pueblo uigur y otras minorías étnicas en la región de Xijiang.
En un histórica toma de posición frente a China, que fue difundida minutos antes de la medianoche en que acababa el mandato de Bachelet, esa agencia confirmó que la legislación antiterrorista provocó la «privación de la libertad a gran escala» de esas minorías al menos entre 2017 y 2019.
Desde entonces el patrón parece haber variado y los centros en los que eran confinados -denominados por el gobierno «centros de educación vocacional»,se han reducido en tamaño y número, perolas detenciones siguen practicándose mediante procesos penales que han dado lugar al aumento del tiempo y cantidad de encarcelamientos de uigures en particular.
El informe concluyó que en dicha región «se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el ‘extremismo».
En ese sentido la oficina de Bachelet recomendó al gobierno de Xi Jinpong adoptar «rápidamente medidas para liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en Xinjiang, ya sea en los llamados ‘centros de formación profesional’, en las prisiones o en otros centros de detención».
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