4 de mayo 2024

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Tras las funas y agresiones de que fueron objeto dos constituyentes de Renovación Nacional, los diputados de esta tienda política presentaron ante la Cámara Baja un proyecto de ley que busca sancionar con cárcel este tipo de acciones contra diversas autoridades.

De acuerdo al texto, con esta acción los legisladores RN -liderados por sus jefe y subjefe de bancada Leopoldo Pérez y Andrés Longton-, buscan proteger “a miembros de cuerpos colegisladores u órgano constituyente, a magistrados de los tribunales de justicia o a Ministros de Estado, en razón de dicho cargo, con el objeto de condicionar su accionar o el ejercicio de su cargo”.

“Las funas son un verdadero abuso del ejercicio de la libertad de expresión de que gozamos todos los ciudadanos, y afectan directamente la calidad de vida de las personas que reciben los ataques y las agresiones tanto físicas como verbales. Además, promueven una ola de violencia irracional que se manifiesta desde la comodidad de un celular o un computador, y que permea a todas las capas sociales”, señaló el documento.

Asimismo, recordó que este tipo de acciones se trasgreden varias garantías constitucionales como por ejemplo, “el derecho a la integridad física y psíquica, debido a las amenazas y detrimentos reales que ocasiona respecto de éstas. (…) O el recientemente consagrado derecho a la protección de datos como manifestación del derecho a la vida privada y honra”.

Al respecto, el jefe de bancada RN Leopoldo Pérez, sostuvo que a su juicio “se ha instalado que se puede amenazar a quien piensa distinto, amedrentándolo ya sea físicamente o por campañas en redes sociales, que buscan socavar la honra y eso no se puede permitir, particularmente en el marco de la Convención Constitucional, cuyo éxito en definitiva depende que en ella se representen todas las miradas. Debemos dar garantías a los convencionales, de manera que puedan expresarse y votar libremente”.

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En tanto, el subjefe de bancada Andrés Longton explicó que el proyecto de ley “busca asegurar el pluralismo, condición esencial para el éxito de esta Convención, y en general de todo debate democrático”.

“Por lo mismo, perseguimos sancionar formas ilegítimas de ejercicio de la libertad de expresión que busquen condicionar el accionar de quienes cuentan con un mandato de la ciudadanía para votar conforme a su conciencia. No es propio de una sociedad democrática que se impongan quienes gritan más fuerte o tienen la capacidad de organizarse para torcer ilícitamente la voluntad de los representantes populares”, finalizó.