En su Reunión de Política Financiera (RPF), el Consejo del Banco Central de Chile acordó activar el Requerimiento de Capital Contracíclico en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo, exigible en el plazo de un año. Una decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.
Esta atribución del Banco se enmarca en los estándares de capital para la banca de Basilea III, cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de la economía frente a escenarios de estrés severos, producto de riesgos de carácter sistémico.
El Consejo ha activado el RCC «como una medida precautoria ante la mayor incertidumbre externa. No obstante que el escenario macroeconómico ha evolucionado en línea con lo previsto, ha aumentado el riesgo de ocurrencia de un shock externo severo. Aunque su probabilidad es baja, su efecto negativo en la economía sería significativo. En dicha circunstancia, la liberación del RCC «ayudará a mitigar los impactos respecto de la evolución del crédito a hogares y empresas».
En ese sentido, estiman que, «considerando el actual nivel de capitalización, las holguras disponibles de la banca, el nivel de cargo de RCC y el plazo definido para enterarlo, su activación tendrá efectos acotados y transitorios en la evolución del crédito. Además, la implementación del RCC se enmarca en un contexto donde es necesario que todos los actores de la economía sigan recomponiendo sus capacidades para enfrentar posibles eventos adversos».
La definición del nivel y plazo del RCC cuenta con el informe previo favorable de la Comisión para el Mercado Financiero.
Además, el Banco Central afirma que «las pruebas de tensión del sistema bancario, que se presentan en el Informe de Estabilidad Financiera dan cuenta de la solvencia de la banca. Esta se encuentra con un nivel de provisiones y capital suficiente para enfrentar un escenario de tensión severo. Sin perjuicio de lo anterior, el sistema está en proceso de convergencia a Basilea III».
El contexto del requerimiento contracíclico
De acuerdo al ente emisor, el contexto en el cual se enmarca esta decisión, en el ámbito externo, destaca el deterioro de las condiciones financieras desde fines del año pasado, lo que ha elevado la incertidumbre sobre su evolución futura. Los episodios de tensión bancaria de inicios de año dejaron de manifiesto debilidades de regulación, supervisión y gestión de riesgos en las entidades afectadas. Si bien la reacción de las autoridades ha contenido dichas turbulencias, persisten dudas en el mercado respecto del sistema financiero en las economías desarrolladas.
En cuanto al crédito, en la Eurozona y EE.UU. se observan mayores restricciones en la oferta, con una demanda más debilitada en ambas jurisdicciones. Todo esto ocurre en un escenario donde la fuerte alza de la inflación llevó al término de un largo período de bajas tasas de interés y elevada liquidez. Los riesgos todavía presentes para la convergencia inflacionaria mantienen las dudas sobre por cuánto tiempo se extenderá el tono contractivo de la política monetaria en las principales economías.
En el ámbito local, continúa el ajuste de los desequilibrios macroeconómicos. El consumo privado ha seguido ajustándose a la baja, el endeudamiento fiscal se ha estabilizado y el déficit de la cuenta corriente sigue moderándose. En los mercados de renta fija y cambiario, las primas por riesgo se han reducido. El análisis de los distintos indicadores financieros no sugiere vulnerabilidades que amplifiquen los riesgos sistémicos. Los focos de atención se mantienen en torno a los sectores de comercio, construcción e inmobiliario. En los hogares, el riesgo sigue concentrado en aquellos de menores ingresos, los cuales han incrementado su carga financiera a través de un mayor uso de tarjetas y líneas de crédito. En cuanto al impago de los créditos, destaca el aumento tanto en hogares como en empresas, retornando a niveles comparables a los prepandemia.
La dinámica de las colocaciones no muestra desalineamientos en relación con el crecimiento de la economía. Esto en un contexto en que la Encuesta de Crédito Bancario del primer trimestre muestra una menor demanda y mayores restricciones a la oferta, esto último por una mayor percepción de riesgo, concluye.
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