La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra Banco BCI ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), por conductas anticompetitivas en el mercado de los seguros.
La acción surge a partir de la acusación contra el banco de excluir arbitrariamente la oferta que contenía el menor precio de las aseguradoras Rigel y Burgos y adjudicar la licitación a una compañía aseguradora que incluía intermediación de su filial BCI Corredora de Seguros S.A. con lo que habría explotado abusivamente a sus clientes de créditos hipotecarios.
De acuerdo a lo expuesto por el representante de la FNE, Eduardo Aguilera, la acción del banco fue «arbitraria» ya que este «aplicó a su conveniencia las bases de licitación, estableció un requisito ad hoc que no estaba en las bases y porque evaluó finalmente de un modo diferente las propuestas que se presentaron a este proceso. Todo lo cual le permitió sacar a la única oferta que habita postulado con una corredora que no era de Bci».
El planteamiento de la FNE señaló que la propuesta de Rigel y Burgos comprometía una fuente de ingresos para el banco, así expuso que «los ingresos por estos conceptos habían sido permanentes por Bci a través de su filial y estos ingresos justamente se ponían en riesgo».
Por su parte, las abogadas de las aseguradas señalaron que la propuesta de sus representados «iba a inyectar competencia y se presentó la mejor oferta» y coincidieron con la Fiscalía al señalar que se trató de «una decisión arbitraria, injustificada y que fue realizada por Bci atendida la posición de dominio que ostenta en el mercado (…) y más importante aún es que los efectos de esa decisión, a quienes afectaron fue a todos los clientes hipotecarios de Bci».
En tanto, banco Bci, representado por el abogado Álvaro Ortuzar, señaló en que no se trató de una exclusión arbitraria, puesto que el banco también se perjudicaría mediante una situación de este tipo. La defensa cuestionó la indagatoria de la Fiscalía ya que esta «calcula los efectos económicos de una operación de esta naturaleza y lo calcula sobre la base de un crédito hipotecarios típico o normal».
En ese sentido, indicó que entre los años 2018 y 2019, con caídas en las tasas, aumentó su participación en el mercado de los créditos hipotecarios con lo que cuestionó al persecutor señalando que «de qué abuso puede estar hablando, si no es bajo la perspectiva estrecha con que la Fiscalía pretende circunscribir este tema».
Finalmente, la FNE solicitó una multa de 3.500 UTA para Bci. El TDLC deberá determinar su resolución en las próxima semanas.
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