Caso Caval: Corte Suprema ordena a La Moneda entregar correos de Ana Lya Uriarte

Luego de tres años de espera, el máximo tribunal zanjó la disputa para acceder a los e-mails de la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte. La tercera sala resolvió desestimar la queja que presentó la Dirección de la Presidencia de la República que buscaba bloquear el acceso a los correos de la ex funcionaria pública ante una petición de Ley de Transparencia. Los correos que deberán ser liberados involucran sus actuaciones en el caso Caval, la renuncia de Sebastián Dávalos y el fallido cierre del penal especial para violadores de derechos humanos.

La Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó a la Presidencia de la República la entrega de los correos electrónicos de Ana Lya Uriarte, exdirectora de Gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, referentes al cierre del penal Punta Peuco, el caso Caval y la renuncia de Sebastián Dávalos.

El máximo tribunal estimó clave para rechazar la queja presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el hecho de que la propia aludida, quien es ex funcionaria del gobierno anterior, no manifestó reparos en sede judicial al acceso de sus correos y la oposición manifestada por la Presidencia de la República, es “insuficiente, por sí sola, para modificar lo decidido por el ente administrativo”.

Los episodios a los que aluden los correos requeridos dan cuentan de momentos de tensión que se vivieron en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, como la renuncia de su hijo quien fue director del Área Sociocultural de la Presidencia, cargo al que tuvo que renunciar luego del escándalo del caso Caval en que se cuestionó  la compra de terrenos en Machalí, por parte de él y su esposa Natalia Compagnon, y el acceso a un millonario crédito que fue concedido por el Banco de Chile tras una reunión en la que participó su dueño, Andrónico Luksic.

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“La señora Uriarte no reclamó en sede judicial de la determinación que dispuso la divulgación de los mentados correos electrónicos, forzoso es concluir que dicha decisión no lesiona sus derechos y, en consecuencia, que lo decidido por el CPLT no causa agravio a la persona directamente concernida con la publicidad de la información tantas veces citada”, argumenta la justicia.

Otro momento en el que se busca ahondar al acceder a las comunicaciones el rol de Uriarte en el caso Caval, esto ya que el socio de la nuera de Bachelet, Mauricio Valero, aseguró que en reiteradas ocasiones habló con ella antes de que la investigación estallara.

Por último, se requirieron los e-mails de los últimos días en el mandato de Bachelet, pues existió una polémica en torno al eventual cierre del penal especial para violadores de Derechos Humanos, el que finalmente se vio frustrado tras la negativa del entonces ministro de Justicia Jaime Campos.

El caso tiene su origen en abril de 2018, cuando el periodista y director del medio electrónico En Estrado, Andrés López, solicitó el acceso a dichos documentos, pero se enfrentó a la tenaz oposición de La Moneda, la cual adujo que la entrega vulneraría la “inviolabilidad de las comunicaciones”, establecida en el artículo 19 Nº 5 de la Constitución Política de la República.

Frente a la negativa, el periodista dedujo un amparo ante el Consejo por la Transparencia. El 26 de julio de 2018 este organismo ordenó a la Presidencia de La República la entrega de los correos electrónicos requeridos, ya que “fueron generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas y no concurren una causal de secreto o reserva”.