29 de julio 2026

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El 4° Juzgado de Garantía de Santiago condenó este miércoles a Álvaro Jalaff a cinco años de presidio, pena que cumplirá bajo el régimen de libertad vigilada intensiva, luego de que el empresario aceptara un procedimiento abreviado en el marco del caso Factop.

El exsocio de Grupo Patio también deberá pagar multas que suman $720 millones: $220 millones vinculados a la querella del Consejo de Defensa del Estado y otros $500 millones correspondientes al Servicio de Impuestos Internos.

El procedimiento abreviado implicó que Jalaff aceptara los hechos y cargos presentados por el Ministerio Público, renunciando a la realización de un juicio oral. La Fiscalía reconoció además su colaboración eficaz durante la investigación.

Jalaff era investigado por delitos tributarios, estafa, administración desleal y otros ilícitos asociados a la trama financiera de Factop. Según la indagatoria, entre 2019 y 2021 autorizó transferencias por más de $1.054 millones desde el proyecto Parque Capital hacia la empresa de factoring, recursos que habrían terminado en su patrimonio.

El empresario también reconoció haber entregado 10 mil UF al abogado Luis Hermosilla, equivalentes a cerca de $410 millones, para realizar gestiones destinadas a destrabar el proyecto inmobiliario e industrial Parque Capital ante autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Del total, 6 mil UF habrían sido pagadas en efectivo.

Tras la audiencia, el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, afirmó que el tribunal dictó una sentencia en los mismos términos solicitados por el Ministerio Público y destacó los antecedentes proporcionados por el condenado.

“Entregó información de mucha relevancia para el efecto de realizar imputaciones a otras personas por otros delitos”, sostuvo el persecutor, quien agregó que existió voluntad de colaborar y reparar, en la medida de lo posible, a quienes resultaron afectados.

La condena pone término a la persecución penal contra Jalaff en esta arista del caso Factop. Sin embargo, los antecedentes aportados por el empresario podrán ser utilizados por la Fiscalía en las investigaciones que continúan respecto de otros involucrados.