29 de marzo 2024

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  • “Son cambios que consideramos importantes, ya que el embarazo forzado es una forma de tortura, declaró la diputada Camila Rojas.

Durante el año 2020 el Instituto de Salud Pública (IPS), alertó sobre cuatro medicamentos anticonceptivos con fallas, lo que generó que al menos 170 mujeres, usuarias de esos anticonceptivas, denunciaron haber quedado embarazadas, según información entregada por la Fundación Miles.

Hasta hoy son ellas quienes tienen que demostrar el nexo causal de su embarazo, incurriendo en una doble victimización, pues deben soportar el daño y, además, probar que el embarazo es consecuencia de un medicamento fallido, pese a que es de publico  conocimiento público el defecto de dichos anticonceptivos.

Es por eso que este martes, la comisión de salud de la Cámara, puso en tabla el proyecto de ley de la diputada Camila Rojas, que revierte esta situación y propone que sean los laboratorios quienes corroboren y comprueben que el embarazo no tiene vínculo con la falla en los anticonceptivos”.

La legisladora explicó que con esto se evitaría la revictimización y subrayó que varias de las mujeres afectadas “están enfrentando juicios ordinarios para poder hacer frente  a esta situación. En el proyecto lo que proponemos es que en vez de tener que enfrentarse a juicios ordinarios, que son bastante lentos, se pueda hacer mediante juicios sumarios”.

La ley incorpora una serie de modificaciones en el Código Sanitario colaborar con aquellas mujeres que enfrenten esta situación, y se establece un  artículo transitorio para que la ley tenga efecto retroactivo y considere a los casos que dieron origen a esta moción, relacionada con los anticonceptivos Ciclomex CD, Anulette CD, Minigest-15.

“Son cambios que consideramos importantes, ya que el embarazo forzado es una forma de tortura y por lo mismo consideramos que este es un tema urgente de revisar y de corregir” concluyó la diputada reelecta por el distrito 7.