13 de julio 2024

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La Comisión Especial Investigadora denominada Caso Convenios 2 aprobó su informe final y en él destaca la solicitud de renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, debido a que negó su vínculo con Democracia Viva argumentando que participó de la fundación cuando esta aún no se constituía legalmente.

Respecto al caso de la subsecretaria Pérez, el informe señala que «llama la atención que, ante magno caso de corrupción, este Gobierno no haya determinado desvincular a todos quienes se vieron ligados a la Fundación Democracia Viva, como el caso de la ex asesora del Senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre y actual Subsecretaria de Patrimonio Carolina Pérez, la que trabajó en dicha institución y es parte del círculo de implicados».

«Democracia Viva atentó directamente contra la fe pública. Los militantes de Revolución Democrática implicados se aprovecharon del sistema, pero también fueron indolentes con la gente que debió ser beneficiaria de los fondos para el mejoramiento de los asentamientos precarios», agrega.

Igualmente, indica que «ante la consulta de figurar como Directora de Metodología de Democracia Viva, la Subsecretaria señaló desconocer el por qué se utilizó su nombre como directora, siendo ella solo una consultora independiente».

En ese sentido, plantea que «sin embargo, son de acceso público todas las publicaciones de las Redes sociales de la Fundación Democracia Viva, las cuales la indicaban en -reiteradas ocasiones- como su Directora de Metodología, siendo presentada como tal en diversas actividades».

«Si bien, la Subsecretaria rechazo la relación contractual con la fundación Democracia Viva, porque no existía legalmente, esta si participó y representó a la misma, a pesar de no existir legalmente», complementa el documento.

Asimismo, expone que «luego de rechazar su relación con Democracia Viva, fue la propia Subsecretaria quien indicó que las boletas de la «Asesoría Independiente» que realizó, se hicieron al Instituto 25-M o más conocido como Instituto República y Democracia 25 de Mayo, un Think-Tank ligado a Podemos, tienda política Española que, al igual que Democracia Viva, se sostenía por fondos públicos, valiéndole cuestionamientos en España por este tipo de prácticas».

Por todo lo anterior, el informe señala que «a juicio de esta comisión, el negar la relación con Democracia Viva, y por consiguiente con quienes la integraban sólo por el hecho de no encontrarse esta constituida legalmente, resulta grave. La Subsecretaria, si mantuvo relación y representó al proyecto de Democracia Viva, por lo cual debiese cesar en sus funciones como autoridad».

De igual forma, la comisión abordó la situación del jefe de asesores de la Presidencia indicando que «llama la atención que, a la fecha, el Gobierno siga requiriendo de los servicios de personas que estuvieron directamente ligadas a la fundación Democracia Viva y de quienes aprobaron fondos para esta y otras instituciones, sin mayor cuestionamiento, como el caso del ex Subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi, y el proyecto de ProCultura para pintar fachadas en la región de Antofagasta, el cual fue aprobado por el GORE y validado por el ex subsecretario».