Mediante una declaración pública, la central sindical Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en conjunto con Confederación CONFENARED y Sindicatos Unificados Subus Chile, Sindicatos VULE, Sindicato RBU METBUS y adherentes, y Sindicato Interempresa de Trabajadores del Metro de Santiago, acusaron al gobierno de dejar «en evidencia que su preocupación de lo material se encuentra por sobre la seguridad de conductores y usuarios», luego de descartar adelantar el horario punta y el retiro temprano y paulatino de recorridos, poniendo buses antiguos para resguardar los nuevos buses eléctricos durante la jornada de este 11 de septiembre.
En del documento, introducen indicando «frente a la jornada de violencia y caos que ha sido anunciada por diversos grupos y organizaciones para el día 11 de septiembre» se han reunido con el Directorio de Transporte Público (DTPM), para proponer a la autoridad adelantar la hora punta a partir de las 14:00 horas, y extenderla hasta las 20:00 horas para irse retirando paulatinamente hasta las 21:00 horas.
Según explican «la medida solicitada por los dirigentes está orientada a proteger la integridad de los trabajadores de la locomoción colectiva, los usuarios, y el propio material rodante ante posibles apedreos, quemas y violencia de toda índole, de la cual han sido objeto en los últimos años en igual fecha».
Las organizaciones sindicales acusando que «la autoridad de gobierno, junto con no recoger lo planteado, señaló que, para no afectar los buses eléctricos, se utilizarán los buses antiguos, dejando en evidencia que su preocupación de lo material se encuentra por sobre la seguridad de conductores y usuarios».
Frente a esta decisión de la autoridad del transporte, las directivas sindicales han resuelto que, «debido a la fundada preocupación de los trabajadores del transporte público por su seguridad y las de los pasajeros, tomarán las medidas que estimen necesarias para protegerlos y no descartan tomar acciones de facto en tal sentido y ejercer el derecho que a todo trabajador chileno le asiste, y que es el derecho a la seguridad, la cual estiman no está siendo considerada por la autoridad política del gobierno, además hace a este responsable por cualquier situación que concluya con resultados indeseados a la integridad de los trabajadores del transporte».
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