Tras las querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en contra el ex director de la Policía de Investigaciones (PDI) y de quienes resulten responsables por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos, la presidenta del Consejo para la Transparencia subrayó que pese a la presunción de inocencia respecto de los imputados, “es probable” que esto profundice los niveles de desconfianza en las instituciones, que desde hace ya un tiempo estudios muestran que están con números en rojo.
La representante del CPLT recordó que, acorde a la Encuesta Nacional de Transparencia que anualmente desarrolla el organismo, “la Policía de Investigaciones era, precisamente, una de las entidades públicas (…) percibidas como de las más confiables en el país en el combate contra la corrupción”. Por ello, planteó que esto será un “nuevo golpe a la confianza”.
Para la titular del Consejo para avanzar tras esta situación en materia de transparencia es “actuar de manera firme y categórica ante cualquier tipo de irregularidad”, así “como también seguir en el camino de fortalecer nuestro ecosistema en materia de transparencia e integridad pública”. De la Fuente apuntó que: “Si logramos avanzar en este camino, iremos generando reglas del juego que sean equitativas y no que evidencien que existen obligaciones para unos y privilegios o márgenes de discrecionalidad para otros”.
Asimismo, la presidenta del CPLT afirmó que “resulta complejo comprender que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que este mes conmemora 13 años desde su publicación en el diario oficial, no haya logrado ser modernizada hasta la fecha”.
Agregó que el proyecto, que inició su tramitación en 2018, es un piso mínimo en la actualidad, puesto que a casi tres años del inicio de la tramitación del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo “hoy tiene una serie de deficiencias por su grado de desactualización” y “no está la altura de los desafíos del país”. Asimismo, hizo un llamado a comprometerse con prioridades legislativas “que permitan a la ciudadanía volver a confiar en las instituciones“, tanto a autoridades políticas y administrativas actuales como futuras.
Fortalecer ecosistema de transparencia
En su reflexión, la titular de Transparencia destacó también el rol de las instituciones involucradas en el combate contra la corrupción que levantaron alertas tempranas en este caso. “Fue fundamental la labor de la Unidad de Análisis Financiero a propósito de las operaciones de compra de propiedades. Asimismo, otro elemento importante es la existencia de las declaraciones de intereses y patrimonio accesibles para todos y todas en los portales dependientes del Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República (www.infoprobidad.cl)”, afirmó.
Acotó que este tipo de cuestiones se condice con la evidencia que arrojó el sondeo anual del Consejo en su última versión y que se asocia a un aumento de la percepción de que hoy existen más y mejores condiciones para conocer casos de corrupción que hace 10 años. Un incremento que se da en paralelo con el alza de la percepción sobre existencia de corrupción en el sector público.
Sin embargo, señaló que “La batalla contra la corrupción es una tarea permanente de la democracia y es por ello que creemos que parte de las acciones que deben emprenderse apunta a robustecer este ecosistema, configurado por las instituciones que están involucradas en el combate contra la corrupción y por las normativas que permiten poner luz allí donde no la hay. Asimismo subrayó que “es necesario implementar un régimen de sanciones adecuadas, predecibles y que pongan el acento en la igualdad ante la ley”.
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