El contralor General de la República, Jorge Bermúdez, asistió a la comisión investigadora de beneficios intrapenitenciarios de la Cámara Baja, sesión durante la cual explicó un dictamen del órgano que lidera, que rechaza la aplicación de ciertas facilidades.
Tal dictamen fue citado por la bancada RN a principios de año, que ofició a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por el otorgamiento de beneficios a presos mapuche de la Macrozona Sur, e incluso advirtió que evaluaba acusarla constitucionalmente.
No obstante, además de responder varias preguntas, el contralor respaldó el proceder de la ministra en la materia durante esta jornada, argumentando que estas resoluciones siempre son sobre actos futuros en la administración pública.
«El dictamen dice que ‘de ahora en adelante, no puede seguir aplicándose ese beneficio por las siguientes razones’, es decir, está señalando claramente un corte entre los beneficios que se otorguen desde el dictamen en adelante, y beneficios que ya hayan sido otorgados porque tiene efectos hacia el futuro, y esa es la regla general respecto de todo acto administrativo», precisó.
Bermúdez continuó planteando que «Gendarmería -y no es que quiera defender (a la institución)- no tenía cómo saber que esta iba a ser la interpretación de Contraloría. Podría haberlo previsto a lo mejor, pero en realidad, atendida la jerarquía normativa y lo que dice Contraloría, en esa parte el dictamen tenía que haberse ajustado a lo que decía el reglamento».
«Efectivamente Gendarmería de Chile se vincula con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, pero como dije, acá estamos hablando del ejercicio de una facultad que es exclusiva de Gendarmería de Chile, y por lo tanto, el ministro de la época como la ministra actual no podrían haberle dado una orden formal desde el punto de vista de cómo se administran los recintos penitenciarios, y eso incluye la entrega de beneficios», sentenció el contralor.
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