Contraloría da portazo al «Gas popular»: Asegura que municipios carecen de facultades para comercializar gas licuado

La Contraloría General de la República advirtió que las municipalidades no tienen facultades para comercializar gas licuado a bajo costo, esto a propósito de la iniciativa creada por más de 150 municipios ante el alza de este producto.

Según las declaraciones de la entidad, sostuvieron que “las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”.

Lo anterior se produce, luego de que ediles de Lo Prado, Conchalí y Pelarco hicieran las consultas a Contraloría, apuntando ante las particulares condiciones que se han producido por el alza de los combustibles, es posible que las entidades edilicias puedan vender gas a los vecinos de sus comunas».

Sin embargo, El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter afirmó que la resolución determinada por la entidad debe tomarse con calma. “El pronunciamiento emitido ayer por la Contraloría General de la República debe tomarse con calma y entenderse bien. El Contralor ha dicho que las municipalidades no pueden comprar y vender gas como una actividad comercial porque la Constitución además les prohíbe a las municipalidades ejercer actividades comerciales ajenas a sus funciones.

Asimismo, explicó “lo que estamos tratando de hacer más de 150 alcaldes no es dedicarnos a la compra y venta de gas, lo que nos interesa es distribuir el gas a precio de costo, a precio justo, no tener utilidades. ¿Qué es la diferencia con la empresa privada? La empresa privada va a buscar siempre tener utilidades, las municipalidades no. Por tanto, no estaríamos en el caso que plantea la Contraloría, nosotros simplemente queremos con Enap distribuir a precio de costo y así bajar los precios que hoy día son tan altos y que pagan los ciudadanos a lo largo del país”, explicó el alcalde.

En este sentido, para que los municipios puedan realizar este tipo de actividades, debe aprobarse una ley de quorum calificado que las autorice, por lo que le correspondería al Parlamento cambiar esta normativa.