El pago irregular de horas extra del Administrador Municipal, jornadas laborales fraudulentas y una cena de más de $4 millones: estos fueron los principales hallazgos de la investigación de Contraloría al municipio de Puerto Montt.
A partir de los antecedentes presentados por cuatro personas, una de ellas el diputado socialista Fidel Espinoza, el órgano fiscalizador detectó que Carlos Soto Ojeda, Administrador Municipal de la ciudad, se autorizó personalmente sus propias horas extras durante ocho meses.
Contraloría también determinó que el Municipio de Puerto Montt gastó irregularmente más de $4 millones para la celebración de una cena el 23 de diciembre de 2019, para la cual se contrató directamente al proveedor Gastronomía Club de Yates Ltda.
«El gasto efectuado no se ajustó a derecho debiendo este Organismo de Control formular el reparo correspondiente por la suma total de $ 4.245.225», indicó la entidad.
Por otro lado, también se constató que dos funcionarias de la Municipalidad de Puerto Montt que participaron de esta cena marcaron el término de su jornada laboral una vez terminado este evento.
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El diputado por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, indicó que la cena municipal «abrió una caja de pandora, porque permitió determinar que hay funcionarios municipales que vulneran todas las normas administrativas y de probidad y actuar para sus propios bolsillos».
«El señor Carlos Soto perdió el pudor, esto que dice el informe de Contraloría es lapidario. Yo de él pediría la renuncia indeclinablemente», exigió Espinoza.
El diputado de Renovación Nacional y representante por Puerto Montt, Alejandro Santana, consideró «de extrema gravedad» los hallazgos de Contraloría.
«Se suma a otros hechos que ya hemos conocidos en el pasado, que han metido ruido respecto de la gestión del alcalde Gervoy Paredes y que hemos escuchado que se debe a ataques políticos de quienes son oponentes a él», señaló el diputado.
Para Santana, la participación del diputado Espinoza en este oficio confirma que la investigación «no tiene una connotación política».
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El consejero regional de Llanquihue, el UDI Juan Ortiz, también lamentó los hechos: «Encuentro una falta de respeto haber hecho una comida de $4 millones después del estallido social y firmar horas extra cuando ellos salieron de esa comida».
Una de las funcionarias aludidas fue objeto de un sumario administrativo de la municipalidad. Respecto de la otra, Contraloría recomendó «que la incorpore en el mentado proceso disciplinario, debiendo remitir a la Contraloría Regional de Los Lagos el acto administrativo resolutivo final en el plazo de 60 días hábiles».
En cuanto al Administrador Municipal, la entidad solicitó los antecedentes de la investigación administrativa municipal en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe.
Además, Contraloría indicó que «la jefatura comunal deberá arbitrar las medidas administrativas y de control que sean necesarias, a objeto de que las horas extraordinarias asignadas al señor Carlos Soto Ojeda no sean autorizadas directamente por su persona».
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