Contraloría detectó irregularidades en la compra de canastas familiares durante el 2020, operaciones realizadas por el Gobierno en contexto de pandemia bajo el Programa de Alimentos para Chile, en donde se detectaron sobreprecios de hasta 80%.
El órgano fiscalizador expuso los hallazgos de esta investigación ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En promedio, se pagó un 12,1% más que las cotizaciones realizadas por cada Contraloría Regional. Excluyendo los costos de insumos y servicios, esta cifra asciende a 15,6%
De las 16 regiones que recibieron recursos de la Subsecretaría del Interior para la compra de cajas de alimentos, 15 lo hicieron a sobreprecio. De ellas, la Región de Tarapacá pagó un 81% más que lo cotizado por Contraloría, mientras que las regiones de Arica y Parinacota y el Maule pagaron un 70% más.
El contralor Jorge Bermúdez advirtió que «si usted lo multiplica por las miles de canastas, esto da una cifra que es bastante importante en términos de recursos que se gastaron de más y que podrían haberse ahorrado o aplicado al mismo fin».
De acuerdo al contralor, en la «primera vuelta» de transferencias de recursos del Gobierno a las intendencias se gastaron cerca de $100 mil millones en un plazo de seis semanas.
El diputado comunista Boris Barrera, integrante de la Comisión de Economía, consideró «preocupante y aberrante» esta situación y aseguró que en su distrito electoral, el Nº9, incluso faltaron cajas de alimentos.
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«Esto no tiene nombre, y por eso estamos apoyando una comisión investigadora que se va a solicitar. Se están juntando las firmas», adelantó.
Contraloría también detectó que estas compras se hacían mediante tratos directos con los proveedores, y en algunos casos, empresas habrían sido creadas o habrían cambiado su giro exclusivamente para estos efectos.
Ante esto, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, mostró su preocupación por esto, pero indicó que en la Comisión de Economía, la cual integra, esperarán los antecedentes relativos a la situación de las municipalidades para decidir si se crea una comisión investigadora.
«Habían personas que hicieron sociedades exclusivamente para esto, incluso utilizaban testaferros. Incluso hemos sabido que algunos alcaldes han guardado cajas de alimentos y las están repartiendo ahora en sus campañas políticas», aseguró Mellado.
Contraloría ha realizado 32 auditorías por compras de cajas de alimentos por parte de intendencias y gobiernos regionales y 160 por compras de municipalidades en contexto de Covid-19.
La Comisión de Economía de la Cámara espera recibir al contralor la semana subsiguiente, instancia en la que entregaría los antecedentes relacionados a las irregularidades en los municipios.
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