Contraloría: Superduc investigó solo casi 1.700 denuncias por violencia escolar de más de 35.000 recibidas

Agencia Uno

La Contraloría General de la República (CGR) reveló deficiencias en la supervisión de los establecimientos educacionales que presentan las cifras más altas de denuncias por violencia escolar en Chile. De acuerdo con la auditoría N°660 de 2025, la Superintendencia de Educación no fiscalizó de manera directa a los colegios que concentraron la mayor cantidad de sanciones y quejas durante los años 2024 y 2025.

El organismo fiscalizador detalló que, entre el año 2020 y octubre de 2025, se registraron un total de 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional. Sin embargo, del total de estos casos, solo 1.727 derivaron en procesos de fiscalización formal por parte de las autoridades competentes.

El informe advierte que la violencia en los entornos educativos no ha mostrado una tendencia a la baja; por el contrario, “su persistencia la consolida como uno de los desafíos estructurales más críticos para el sistema de educación pública en el país”.

La auditoría también puso el foco en la situación de los liceos emblemáticos de las comunas de Santiago y Providencia. Se detectó que 38 estudiantes que habían sido sancionados con la cancelación de su matrícula o la expulsión por actos de violencia no fueron reubicados siguiendo los protocolos legales vigentes.

Según la CGR, estos alumnos continúan matriculados en sus establecimientos de origen o en otros colegios de similares características (instituciones emblemáticas), contraviniendo la normativa que busca garantizar tanto la seguridad de la comunidad educativa como el derecho a la educación bajo las condiciones que estipula la ley.

Entre los establecimientos analizados en este proceso se encuentran el Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia, Liceo Carmela Carvajal.

Ante estos hallazgos, la Contraloría ha instruido a la Superintendencia de Educación para que proceda con la reubicación normativa de los estudiantes sancionados y fortalezca los mecanismos de control en aquellos establecimientos que presentan los perfiles de riesgo más altos en convivencia escolar.