Frente al desalojo de más de 1.000 familias instaladas en el campamento de Cerro Renca, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes manifestó su rechazo a la medida y emplazó al Gobierno a hacerse cargo de la situación de vivienda de las personas afectadas, la mayoría migrantes.
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«Denunciamos la política sistemática de este gobierno de perseguir y criminalizar la pobreza y la migración», señaló la presidenta de la organización, Vanesa González.
«Repudiamos tajantemente los desalojos que se están haciendo, tanto en Renca como en diferentes territorios, y hacemos un llamado a que se generen políticas en vivienda que puedan incluir a todos los tipos de comunidades que viven en Chile», indicó González.
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